El sector de las Denominaciones de Origen (DO) y las Indicaciones Geográficas de Calidad Agroalimentaria (IGP) defendió ayer en la Asamblea de Extremadura la vuelta al estatus jurídico anterior como corporaciones de derecho público y ha pedido "celeridad" en la modificación de la ley. La Comisión de Políticas Agrarias de la Cámara retomó ayer las comparecencias de varios representantes de los consejos reguladores para expresar su opinión dentro del periodo informativo de la propuesta de ley de modificación de la Ley Agraria de 2015 y de derogación parcial y modificación de la norma que regula las DO e IGP, de 2010.
El representante del Consejo Regulador de la DO Torta del Casar Javier Muñoz defendió que una corporación de derecho público es la mejor figura jurídica para "proteger y defender" las denominaciones de origen, algo en lo que también han coincidido otros de los comparecientes. Pidió "celeridad" y que se "agilice" la modificación de la ley para garantizar la estabilidad jurídica. Además lamentó los años de inestabilidad que ha sufrido el sector tras la ley de 2010 porque "ningún" consejo regulador se convirtió en entidad de derecho público.
Por su parte, el representante del Consejo Regulador de la DO Quesos de la Serena Luis Donoso, reprochó la falta de coordinación en la elaboración de la ley en vigor. El representante de Corderex Raúl Muñiz consideró que no es la mejor figura, pero sí "la menos mala" dado que existen dificultades para formarse como asociación.
La propuesta de ley registrada en noviembre por el PSOE en la Asamblea regional pretende, según ha explicado su diputada María Teresa Macías, da respuesta a esta demanda del sector. Por su parte el portavoz popular, José Antonio Echávarri, aseguró que la ley aprobada por el PP en 2015 no se hizo en contra del sector y lamentó que durante su tramitación "no se dijo ni una palabra".
