El comité de empresa de Tragsa en Extremadura ha convocado a los empleados de esta empresa a una huelga general y a una manifestación para rechazar al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por el grupo, que se celebrará el próximo 7 de noviembre.
Esta empresa pública forma parte junto con Tragsatec del grupo Tragsa.
El presidente del comité de empresa de Tragsa en la región, Ricardo Salaya, explica que se está negociando un procedimiento de despido colectivo a nivel nacional.
En caso de materializarse desaparecerían más de 800 puestos de trabajo en Tragsa y otro tanto en Tragsatec, según apunta.
Esta situación afectaría en Extremadura a 23 trabajadores de la empresa Tragsa, 20 de ellos de la provincia de Badajoz, una cifra que supone el 38 por ciento de la plantilla pese a que la producción, en su opinión, es "razonable".
A su juicio, "no hay ninguna razón" para aplicar esta medida, salvo la decisión de la empresa de unirlos con Andalucía y trasladar una buena parte de la gestión a la delegación de esta comunidad.
Recuerda que la empresa Tragsa cuenta en Extremadura con 329 trabajadores entre plantilla fija y eventuales.
Además, en Tragsatec se contempla la desaparición de alrededor de 90 puestos de trabajo, con lo que se serían 113 empleos perdidos en el conjunto del grupo.
El comité de empresa ha convocado a los empleados a una huelga general en la empresa y a una manifestación porque están decididos a parar el ERE, dado que no consideran que haya causas para desarrollarlo, según Salaya.
"Somos una empresa que tiene una gran dispersión en el territorio, la única posibilidad de manifestarnos todos juntos es convocar una huelga", aclara el presidente del comité en Extremadura, quien añade que espera que también puedan estar sus compañeros de Tragsatec.
La empresa está contemplando como parte de la negociación la rebaja salarial, un aspecto que rechaza el comité, según Salaya, quien afirma que el convenio colectivo termina a finales de año y no están dispuestos a negociar sus condiciones "en la mesa del ERE".
El comité de empresa desconfía de la información que han recibido de la empresa y no tiene intención de empezar a negociar mientras no reciban los datos que han solicitado, porque consideran que lo aportado por las auditorías externas "no es real", ha agregado.
Para Salaya, el problema no depende de los trabajadores, sino de la dirección de la empresa, a quien acusa de "ser incapaz" de gestionarla.
"Nuestros directivos nacionales en Madrid llevan dos años preocupándose nada mas por ver a quién despiden en lugar de cómo gestionar la empresa", agrega Salaya, quien concluye que como consecuencia de ello la cartera de pedidos ha bajado de una manera "brutal".
