No solamente a nivel regional se han puesto sobre la mesa medidas para evitar que existan viviendas vacías y sin usar. El Gobierno central también lanzó un decreto ley que entró en vigor el pasado 6 de marzo para que los propios ayuntamientos pudieran actuar en este sentido. Se les permite, pues, aplicar subidas de hasta el 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las casas desocupadas.
¿Cómo se comprueba este estado? A través de datos del padrón municipal o con los recibos de agua y luz, aunque siempre será obligatorio recibir en audiencia al propietario antes de declarar el citado inmueble sin ocupación.
El objetivo, en principio, es fomentar el mercado del alquiler instando a los propietarios a poner sus viviendas en el mercado para aliviar la subida de precios.
Como contrapartida, se incluyen medidas para otorgar más seguridad jurídica, como la ampliación de la prórroga de los contratos a cinco años, incentivos fiscales, un índice de precios de referencia de los alquileres o la posibilidad de exigir al alquilado garantías adicionales equivalentes a dos meses de renta.
Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2011, recogían que en Extremadura hay más de 100.000 viviendas vacías que se pueden ver afectadas por este decreto. REDACCIÓN
