Una fórmula para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, para ahorrar costes, mejorar la productividad y servir como ejemplo para el sector privado. Estos son los objetivos que persigue la modalidad del teletrabajo que se convertirá en una realidad el próximo mes de octubre en la administración regional. Los primeros empleados públicos en estrenar esta fórmula ya de forma regulada en la Junta de Extremadura, mantendrán sus sueldos pero no se desligarán por completo de sus espacios de trabajo habituales. Tendrán que pasar dos días a la semana en la oficina habitual y los otros tres días podrán desempeñar sus tareas laborales desde sus domicilios.

Esta fórmula se mantendrá, en principio, por un periodo de un año completo aunque en cualquier momento el empleado podrá suspenderla. Un mismo beneficiario puede optar a dos convocatorias consecutivas. Pero para trabajar desde casa el beneficiario debe disponer del equipamiento básico que requiera la tarea laboral: ordenador y acceso a internet a través de una conexsión «suficiente y segura». Y si algo de esto falla, deberá incorporarse al día siguiente al centro de trabajo. Por su parte, la administración facilitará un correo electrónico, las aplicaciones informáticas necesarias y un escritorio remoto que reproduzca las condiciones de trabajo del puesto físico de destino.

Solo en el caso de que en un mismo servicio haya más solicitantes que puestos susceptibles de desempeñarse de forma no presencial, la Junta aplicará un baremo para valorar las solicitudes en el que se tendrá en cuenta el número de hijos y su edad, que algún miembro de la familia o el propio solicitante tenga discapacidad o la distancia entre la localidad de residencia y la del trabajo. No obstante, la opción del teletrabajo estará siempre abierta, sin tener que esperar a una nueva convocatoria, para las mujeres víctimas de violencia de género y para las embarazadas, que podrán acceder en cualquier momento del año a esta condición y sin tener en cuenta el resto de requisitos generales.