El secretario general de UGT en Extremadura, Miguel Bernal, insta a la Junta a que habilite un fondo de avales públicos de 60 millones de euros para evitar que miles de microempresas en la región se hundan en los próximos meses y dejen en la calle a unos 10.000 o 12.000 trabajadores.
Este fondo de garantía pública, que procedería de los propios Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) y en menor cuantía de las aportaciones de las cajas de ahorro, permitiría avalar líneas de crédito de hasta 30.000 euros y líneas de descuento de hasta 60.000 euros para las pymes de la región, explicó Bernal.
Según el representante sindical, esta medida de "emergencia" podría "salvar" a unas 5.000 empresas y a unos 12.000 trabajadores extremeños, pues el efecto multiplicador de estos fondos públicos "podría movilizar hasta 700 millones de euros de la banca privada", a los que accederían las pymes extremeñas, estimó.
A cambio de este respaldo económico, dijo, las microempresas beneficiarias deberán mantener sus plantillas, para así evitar la posible destrucción "en los próximos meses o incluso semanas" de miles de puestos de trabajo, especialmente en el sector servicios, en la hostelería, turismo, restauración y el pequeño comercio, añadió.
Ante la situación actual, en la que "la economía continúa absolutamente lastrada por el bloqueo bancario", a pesar de las ayudas dadas por el Gobierno, el dirigente sindical reclama que "hay que empezar a plantearse un sistema potente de banca pública en España con capacidad de intervención". En ese sentido, en Extremadura Bernal aboga por "pisar a fondo el acelerador para la fusión de las dos cajas de ahorro", que, a su juicio, "están siendo absolutamente inoperantes" para solucionar la situación de las empresas extremeñas y aplaude la iniciativa de Guillermo Fernández Vara de crear en la región un banco público de segundo escalón.
Precisa, no obstante, que esta iniciativa no se puede poner en marcha a corto plazo, por lo que considera absolutamente necesario crear, como medida de emergencia, ese fondo de aval público de 60 millones de euros.
Por otra parte, Miguel Bernal muestra su preocupación por la vertiente psicológica de la crisis, que afecta también a sectores pujantes y a sus empleados, lo que agrava aún más la situación, y lanza un "aviso a navegantes" a aquellos empresarios "oportunistas" que aprovechan la situación para obtener beneficios.
En ese sentido, insta a la Junta y a la Inspección de Trabajo a que pongan en marcha "un profundo plan de lucha contra la economía sumergida", además de avisar de que las fuerzas sindicales denunciarán y se movilizarán ante casos de fraude.
En este sentido, recordó que de los 3.430 trabajadores extremeños de la construcción que se fueron al paro el pasado mes de diciembre, prácticamente 3.000 fueron despedidos en los últimos cinco días del año para ser contratados otra vez en enero.
