La noche del jueves, minutos después de conocer el auto dictado por el Tribunal de Castilla-La Mancha que impide, de forma temporal, el cierre de los 21 puntos de urgencias rurales en el punto de mira, la corporación de Madroñera, liderada por Enrique González (IU) se reunía para seguir los mismos pasos. Este municipio es uno de los 15 que se quedó sin atención sanitaria más allá de las tres de la tarde el pasado 1 de junio y está dispuesto a lo que sea por su reapertura. De hecho las protestas y acciones reivindicativas no han cesado desde entonces, ni cesarán.
"Lo que ha pasado en Castilla-La Mancha es una esperanza para el resto, una ventanita, por eso hemos aprobado estudiar contratar un servicio jurídico en función de la decisión final que tome el juez allí. Si se mantiene la medida cautelar recurriremos el cierre de nuestro PAC, si no lo estudiaremos", señaló ayer el alcalde.
La misma idea ronda desde hace tiempo en Aldeacentenera, otro de los pueblos afectados por el cierre --donde también se atendía a Torrecilla y Aliseda-- y el que más distancia tiene que recorrer hasta las urgencias que ahora se atienden en Trujillo, "a 35 kilómetros y a 45 minutos", un cuarto de hora más del límite fijado por la ley orgánica 137/1984. "Hace tiempo que venimos pensando llevar el asunto ante el juez, pero queremos hacerlo de forma conjunta porque el coste jurídico es importante", reconoce el alcalde, Juan Francisco Monterroso (PSOE).
En este impás estaban cuando se dictó el auto en Castilla. "Es positivo y seguiremos luchando para que el servicio vuelva a funcionar y dejen de jugar con la salud de los vecinos. En las últimas urgencias la ambulancia ha tardado en llegar tres horas", alerta.
