El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha tildado de "decepcionante" la reunión del Pleno del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) que se celebró ayer en Madrid y ha reclamado que se compensen los recortes.

En una nota, la Junta ha señalado que a juicio de Vergeles este encuentro no ha sido positivo para las comunidades autónomas. Para el consejero extremeño a este órgano el Gobierno central sólo ha llevado asuntos de trámite y "ninguna medida para rescatar la Ley de la Dependencia y recuperar el recorte de un 68% en la financiación de los Servicios Sociales".

El orden del día de la reunión ha tratado del reparto de fondos del Plan Concertado para Servicios Sociales, del plan de apoyo a familias e infancia o el programa que desarrolla el plan para la etnia gitana, por un total de 75 millones de euros.

"Son fondos que no satisfacen las demandas de las comunidades ya que, según ha reconocido el Gobierno en el turno de ruegos y preguntas, en lo que va de legislatura el Plan Concertado ha sufrido un recorte de 204 millones de euros".

Vergeles ha llevado al turno de ruegos y preguntas la acreditación o habilitación de las personas para el ámbito de la dependencia ya que, se explica en la nota, el Gobierno no ha sacado ninguna convocatoria nacional para la formación y acreditación de las personas que quieren ser cuidadores en el entorno familiar o en el ámbito residencial. "El Ministerio de Asuntos Sociales no ha sacado ninguna convocatoria nacional para dar esas personas la posibilidad de encontrar un empleo en la atención a las personas en situación de dependencia", ha dicho Vergeles, que ha añadido que si no se hace piden que se trasfieran a las regiones las competencias y los fondos precisos.

"RESCATE DE LA LEY" El titular de la Sanidad y las Políticas Sociales en Extremadura ha reivindicado en el seno del Consejo el "rescate" de la Ley de la Dependencia, que bajo su punto de vista fue "abandonada por el gobierno de España en estos cuatro años" y la recuperación de los 3.500 millones de euros de recorte durante la legislatura para la Dependencia y los Servicios Sociales, un 68% de lo que debía haber financiado el Estado.

Vergeles ha puesto de manifiesto que tras diez años de ley se necesita una evaluación íntegra del cumplimiento de la normativa a nivel estatal, que estableció un derecho subjetivo que puede reclamar cualquier ciudadano en esa situación y que se necesita "para aprender de los errores" y ha añadido que se hace necesario un Pacto de Estado para cumplir la Ley de la Dependencia.