Las denuncias contra el Gobierno del presidente George Bush por espiar a ciudadanos estadounidenses --en secreto y sin autorización judicial previa-- arreciaron ayer al conocerse que, además de los servicios secretos militares, también el FBI ha estado vigilando a cientos de personas en el marco de la lucha antiterrorista. La agencia ha espiado incluso a varias ONG, desde las defensoras de los animales hasta las ecologistas, según reveló el diario The New York Times .

"Es evidente que esta Administración ha reclutado a todas sus agencias, desde el Pentágono a la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) pasando por el FBI, para espiar a los estadounidenses", criticó Ann Beeson, de la influyente Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus iniciales en inglés). Esta asociación ha obtenido miles de documentos oficiales --citados ayer por el diario neoyorquino-- donde se describe la labor de vigilancia del FBI sobre grupos como Greenpeace, Trabajadores Católicos y Gente en Favor del Tratamiento Etico de los Animales.

ANTICONSTITUCIONAL En el Congreso estadounidense, esta revelación aumentó la irritación de los senadores de ambos partidos --demócrata y republicano--, que reclamaron a coro investigaciones inmediatas de las comisiones de Inteligencia y Judicial del Senado. Los senadores republicanos Chuck Hagel y Olympia Snowe, y los demócratas Carl Levin, Dianne Feinstein y Ron Wyden, abanderados de la indignación general, exigieron que se investigue el espionaje secreto de la Casa Blanca "sin la apropiada orden judicial".

Muchos de sus colegas piensan que este espionaje es anticonstitucional, por lo que este grupo de cinco senadores subrayó que "es de crucial importancia determinar lo antes posible exactamente qué tipo de actividades de recogida de datos fueron autorizadas y cuáles se llevaron a cabo". También se empeñan en dilucidar "cuál fue la autoridad legal esgrimida para tales actividades".

Según el vicepresidente, Dick Cheney, Bush tiene esa autoridad. "Las acciones que hemos emprendido son totalmente apropiadas y están en conformidad con la autoridad constitucional del presidente", manifestó. Cheney defendió la labor de espionaje que la ASN llevó a cabo sobre ciudadanos sospechosos de terrorismo dentro de EEUU y sin permiso judicial previo. "No es accidental que no nos hayan atacado en los últimos cuatro años", afirmó el vicepresidente. "Hemos sido muy activos y muy agresivos en la defensa de la nación y en el uso de los instrumentos que están a nuestro alcance para llevarla a término".

Cheney tomó el relevo de un Bush que, desde el sábado, no se ha cansado de defender la autorización que concedió en el 2002 para que se vigilaran las comunicaciones con el extranjero --por internet y telefónicas-- de sujetos que se encontraran en territorio estadounidense. La Casa Blanca afirma ahora que tanto la Constitución como el permiso que el Congreso otorgó a Bush para el uso de la fuerza tras el 11-S le confieren la autoridad para ordenar ese espionaje al margen de los tribunales.

Paradójicamente, en los últimos dos años Bush ha asegurado varias veces y con especial ardor que el aval judicial es necesario para espiar las comunicaciones en la lucha antiterrorista. "El Gobierno no puede activar las escuchas telefónicas sin permiso judicial", dijo, en julio del 2004.

HACE SEIS MESES Lo mismo volvió a decir en junio en Ohio al defender a ultranza la renovación de la ley Patriot, que amplía los poderes de vigilancia del Gobierno. "Los agentes de la ley necesitan el permiso de un juez federal para pinchar el teléfono de los terroristas extranjeros, para vigilar sus llamadas o registrar sus propiedades", subrayó.