Un mes después de declarar a Gaza "entidad hostil", Israel se dispone a incrementar la presión sobre la población civil palestina de la franja. Su ministro de Defensa, Ehud Barak, aprobó ayer la reducción del suministro israelí de electricidad y combustible a Gaza como castigo por el lanzamiento de proyectiles palestinos sobre el sur de Israel. Según la prensa hebrea, los cortes se alargarán proporcionalmente al número de morteros y cohetes Qasam lanzados por las milicias. Ayer fueron cuatro y el martes, 20. La ONU ha avisado de que la medida es una forma de "castigo colectivo" penalizada por la ley internacional.
Y es que será la población civil, y no los responsables de la violencia, la que pagará sus consecuencias. La luz es imprescindible no solo para el funcionamiento de hospitales, industrias y servicios de emergencia; también lo es para el bombeo de agua corriente a las casas.
FONDOS CONGELADOS Esta medida, además, infringe los compromisos adquiridos por Israel con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) durante los Acuerdos de Oslo. El Estado judío está obligado a suministrar agua, combustible y luz a los territorios, y deduce su coste de los impuestos de aduanas e IVA que recauda en nombre de la ANP, cuya transferencia mantiene congelada desde la llegada de Hamás al poder.
Esta nueva vuelta de tuerca agrava la muy complicada situación que se vive en Gaza. El precio de la harina, el azúcar y los cigarrillos se ha doblado debido al cierre draconiano de fronteras impuesto por Israel desde junio, cuando Hamás apartó a tiros a Al Fatá del poder.
Escasean medicamentos y el empleo se ha desplomado ante la imposibilidad de las industrias de producir. La situación de la población, advirtió el subsecretario de Asuntos Humanitarios de la ONU, John Holmes, se deteriora de forma "rápida y preocupante". Los palestinos, dijo, dependen cada día más de la ayuda internacional y el bloqueo provoca "el aislamiento y la radicalización" de la población.
