Una británica que sufre esclerosis múltiple perdió hoy su batalla legal para que el Tribunal Superior de Londres obligue a la Fiscalía a precisar en qué circunstancias una persona puede ser procesada por ayudar a morir a otra en el extranjero. Debbie Purdy, de 45 años y con domicilio en Bradford (norte de Inglaterra), analiza la posibilidad de viajar en el futuro a Suiza, donde la eutanasia está legalizada, para acabar con su vida si su enfermedad se agrava.
Sin embargo, Purdy, que se mostró "muy decepcionada" por el fallo judicial y a quien se ha concedido autorización para que apele, teme que su marido, el músico cubano Omar Puente, pueda ser juzgado en el Reino Unido si le acompaña al país helvético para asistirla en el suicidio. El suicido asistido está tipificado como delito en Gran Bretaña y acarrea una pena de hasta catorce años de cárcel. No obstante, casi un centenar de ciudadanos británicos ha puesto fin a su vida en Dignitas, la clínica suiza especializada en suicido asistido, sin que sus familiares hayan tenido que rendir cuentas ante la Justicia.
Ante esa ambigüedad, Purdy, a quien se diagnosticó la enfermedad en 1995, quiere que la Fiscalía del Estado británico ofrezca una guía sobre en qué circunstancias una persona que ayuda a otra a morir en el extranjero tiene que hacer frente a un proceso judicial. Sin embargo, los jueces Scott Baker y John Aikens desestimaron la petición de la mujer por considerar que "implicaría un cambio en la ley". En su fallo, los magistrados indicaron que "el delito de suicidio asistido está redactado de forma muy amplia para cubrir todo tipo de circunstancias diferentes" y que "sólo el Parlamento puede cambiarlo".
Necesitan claridad
La mujer, que conserva intactas sus facultades mentales, pero ya no puede andar y la parte superior de su cuerpo se debilita de manera progresiva, se confesó perpleja por el fallo judicial, ya que a su juicio lo que la gente necesita es "claridad". "Aún no sabemos cómo podemos estar seguros de que cumplimos la ley, porque desde luego no estoy dispuesta a que Omar infrinja las leyes. No estoy dispuesta a que vaya a la cárcel", dijo la mujer a la salida de la vista en el Tribunal Superior de Justicia.
"¿Cómo podemos estar seguros de que actuamos dentro de la ley si no nos dicen en qué circunstancias nos juzgarían?", agregó Purdy, al tiempo que confió en que la Corte de Apelaciones adopte una visión diferente y que, mientras tanto, el Parlamento británico recoja la indirecta de los jueces y revise la ley. En su resolución, los magistrados muestran su "gran solidaridad" por la mujer, su marido y todos aquellos en una situación similar "que desean saber con antelación si serán procesados por hacer lo que muchos considerarían como algo que la ley debería permitir, ayudar a un ser querido a viajar al extranjero para poner fin su sufrimiento cuando son incapaces de hacerlo por su cuenta".
Esta no es la primera vez que este asunto llega a los tribunales en el Reino Unido. En 2001, Diane Pretty, una británica tetrapléjica de 43 años ya fallecida, que acudió a los tribunales para que se le permitiera la eutanasia asistida por su marido, fracasó en su intento de lograr inmunidad para su esposo. Asimismo, la Cámara de los Lores bloqueó en 2006 un polémico proyecto de ley que autorizaba a los médicos a ayudar a morir a pacientes terminales. Purdy ha logrado autorización para apelar el fallo dado el interés público en el caso y se espera que el recurso se vea antes de enero próximo.
