Menos de seis meses después de su llegada al poder, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha pedido a la Asamblea Nacional que le otorgue poderes especiales para poder gobernar mediante decretos ejecutivos con rango y fuerza de ley por un periodo de un año. En un discurso de más de dos horas pronunciado esta madrugada en la Cámara legislativa, Maduro ha justificado su petición en la necesidad de hacer frente a los graves problemas de corrupción que vive el país y, al mismo tiempo, para cambiar el modelo económico del país.
"Este es un asunto crucial, trascendente, de vida o muerte para la República Bolivariana. Si la corrupción sigue reproduciéndose y perpetuando su lógica capitalista de destrucción, aquí no habrá socialismo", ha afirmado el sucesor de Hugo Chávez. Para fundamentar su solicitud, el presidente venezolano ha hecho una larga revisión histórica orientada a intentar demostrar que los problemas de corrupción del país se originan en la conquista española y en el establecimiento desde aquella época de una mentalidad rentista que ha permanecido en el tiempo y que en el último siglo se alimentó de la riqueza petrolera.
Contra la mentalidad rentista
"La realidad histórica de un Estado rentista junto con las deformaciones que genera la ganancia fácil tiraron la moral por un despeñadero, la convirtieron en una ruina. Un Estado que no se construyó a partir de la producción. De aquí la pasividad con la que pudo ser capturado por la burguesía y sus métodos para colocar la renta petrolera al servicio del robo sistemático del dinero que debió ser publico", ha afirmado Maduro, que ha acusado a sus opositores --a los que suele calificar de burgueses-- de tener como objetivo apropiarse de la renta petrolera del país.
Sin embargo, Maduro no ha explicado cómo es posible que desde la llegada del chavismo al poder en 1998, Venezuela se haya convertido en el país latinoamericano peor situado en el Índice de Percepción de Corrupción que elabora la oenegé; ocupa el lugar 165 de una lista formada por 174 estados.
En su visión, el mandatario ha vinculado los graves problemas económicos que vive Venezuela con esa mentalidad rentista y con la corrupción. Así, ha reconocido que el aparato productivo del país "ha sido impactado de una manera muy aguda por distorsiones como el acaparamiento, el contrabando, el mercado de divisas ilegal, el desabastecimiento". Maduro ha bautizado ese conjunto de males con el nombre de "cadivismo", en referencia a Cadivi, el ente regulador del control cambiario establecido por Chávez en Venezuela desde el 2003 y de cuyo funcionamiento ha admitido que deja mucho que desear, por lo que ha anunciado que este sistema será revisado.
El presidente no ha mencionado la inflación que, según cifras extraoficiales, se sitúa en torno al 50% en términos interanuales ni el fracaso de sus políticas para detener la escalada del valor del dólar en el mercado negro que en la actualidad se cotiza a siete veces su precio oficial y que --según muchos economistas-- es una de las causas del incremento de la inflación y del desabastecimiento.
Insta a la población a denunciar
Maduro ha asegurado que su petición de poderes especiales no responde a un capricho, sino que constituye "un acto crucial, trascendente, de vida o muerte para hacer irreversible la vía venezolana al socialismo". Ha considerado importante establecer quiénes se están aprovechado de los flujos de dinero y cuáles son los grupos de poder y sus relaciones con la banca, con la actividad aseguradora y con el mercado de valores. Así, ha garantizado que no permitirá "la corrupción ni de cuello amarillo (opositora), ni la corrupción de cuello rojo (chavista). Es el mismo hamponato vista como se vista, la misma conducta apátrida y antipopular", ha remachado.
De igual modo, ha reclamado a los ciudadanos que ejerzan labores de control social para denunciar los casos de corrupción. "Lo que viene es una nueva etapa donde tenemos que asumir con fuerza todos los objetivos nacionales de la nueva política, de la nueva economía, de la nueva ética", ha subrayado.
De acuerdo con la Constitución venezolana, para que la solicitud de poderes especiales de Maduro sea aprobada, el Gobierno debe contar con el voto de tres quintas partes del Congreso, lo que equivale a 99 diputados. Hasta la fecha, Maduro solo cuenta con 98. Durante las últimas semanas, la oposición ha denunciado intentos de compra de votos por parte de personas vinculadas con el oficialismo, así como el inicio de un procedimiento para desaforar a una diputada disidente del chavismo que, en caso de ser exitoso, permitiría la incorporación de su suplente, lo que facilitará a Maduro alcanzar la mayoría calificada requerida.
