El presidente de EEUU, Barack Obama, dejó ayer la puerta abierta a una investigación sobre las torturas en los dos mandatos de George Bush. Obama, que reiteró que su postura respecto al tema es que hay que "mirar hacia adelante y no hacia atrás", dijo que no va a "prejuzgar" la decisión del fiscal general, Eric Holder, de si se presentan cargos o no contra los abogados del equipo legal de la Administración de Bush que dieron cobertura legal a los abusos. Además, el presidente declaró que, en el caso de que el Congreso quiera investigar los abusos, es partidario de una comisión independiente.

Obama no se siente cómodo en este asunto de las responsabilidades legales (y políticas) de quienes autorizaron las torturas, ya que teme que se desate una tormenta política de envergadura que de hecho ya ha empezado a crearse. Sus decisiones respecto a los abusos han sido claras desde el principio: al poco de llegar a la Casa Blanca, afirmó que bajo su Administración no se torturará y ordenó el cierre de Guantánamo. Pero fue un proceso judicial iniciado por un grupo de defensa de los derechos civiles el que prácticamente le obligó a hacer públicos los informes que el equipo legal de Bush redactó para dar cobertura legal a los abusos.

LOS AGENTES DE LA CIA Desde el principio, la Administración de Obama ha dejado claro que los agentes de la CIA que cometieron las torturas no serán procesados. Ayer, en un encuentro con la prensa junto al rey Abdalá de Jordania, Obama lo reiteró. Lo diferente fue que el presidente dejó abierta la puerta al procesamiento de los abogados que construyeron el entramado legal que dio cobijo a las torturas. "Por lo que se refiere a quienes formularon las decisiones legales, eso es una decisión del fiscal general de acuerdo con las leyes, y yo no quiero prejuzgar eso", dijo Obama. Sus palabras contradicen lo que su Administración había dicho hasta ahora. Por ejemplo, su jefe de gabinete, Rahm Emanuel, declaró que quienes "concibieron" los abusos no deberían ser procesados.

Emanuel después trató de matizar sus palabras, pero en Washington se considera que la prudencia con la que Obama quiere llevar este asunto se está convirtiendo en una postura muy difícil de mantener. Por un lado, la derecha le ataca con bala. Pero, por otro, la presión de los grupos defensores de los derechos humanos y de los demócratas en el Congreso se hace difícil de soportar. En una carta, la senadora Dianne Feinstein, presidenta del comité de Espionaje, pedía al presidente que no reparta inmunidades aún.

Y es que el comité de Feinstein está ya investigando las torturas dentro de un limitado mandato. No es suficiente para muchos demócratas, que quieren una comisión con potestad para llegar hasta el fondo del asunto. Ayer Obama indicó que, si el Congreso elige ir por esta vía, es partidario de que sea una comisión bipartidista, con figuras independientes, quien efectúe el trabajo para evitar una guerra partidista. Sería en este contexto donde podrían depurarse responsabilidades políticas.

Las otras responsabilidades, las penales, dependen del Departamento de Justicia de EEUU. En su seno, la Oficina de Responsabilidad Profesional investiga si tres autores de los informes --John C. Yoo, Jay S. Bybee y Steven G. Bradbury-- vulneraron normas éticas en sus argumentos.