Primero fue en forma de regalos y luego de dinero. Empresas españolas efectuaron "sobrepagos" sic, comisiones al régimen de Sadam Husein al abrigo del programa humanitario Petróleo por Alimentos, puesto en marcha en 1996 para permitir a Irak obtener productos de primera necesidad a cambio de las ventas limitadas de crudo. Así lo denunció hace un mes el informe realizado por la comisión independiente presidida por Paul Volcker y así lo han reconocido algunas de estas empresas, que subrayan no obstante que esos pagos se ajustaban a la legalidad y que la ONU tenía pleno conocimiento de su existencia.
El informe Volcker relaciona a 44 empresas españolas que presuntamente efectuaron "pagos ilícitos" a cambio de suministrar mercancías a Irak y a otra firma que lo hizo a cambio de contratos para la compra de petróleo. El documento cayó como una bomba en la mayoría de esas sociedades, muchas de las cuales se niegan a admitir la existencia de esos pagos.
Son mayoría las compañías que prefieren ahora no hablar del tema --"no removerlo", en palabras de un empresario-- y dar carpetazo al asunto. "Damos el tema por zanjado", afirman fuentes de la empresa Dominion Spain, una de las firmas que, según el informe Volcker (www.iic-offp.org) pagó comisiones por valor de 490.335 dólares (417.000 euros o 69 millones de pesetas), una de las que más.
Práctica habitual
Esther Bartolomé, del grupo de empresas Ciesik, es de las pocas que reconoce abiertamente que los "pagos por servicio posventa" eran una práctica común y extendida, al principio en forma de regalos y después en dinero. El primer "regalo" que hizo su empresa, en 1995, fue un cargamento de papeles. Otras "regalaron" ordenadores, calefactores... lo que se les pedía. "Si en el Ayuntamiento de Bagdad no había ni lapiceros, si lo estaban pasando muy mal", cuenta. Una empresa incluso pagó la operación en el extranjero de la hija de un funcionario iraquí.
Fue en el año 2002 cuando, según Bartolomé, las autoridades iraquís empezaron a solicitar que esos "pagos por servicio posventa" se hicieran en efectivo. El mecanismo era el siguiente: una vez se adjudicaba un contrato para el suministro de una mercancía, se pactaba el precio y era entonces cuando las autoridades iraquís pedían que esa factura se hiciera por un importe superior, generalmente el 10% más. La ONU aprobaba esa factura y daba una orden de pago al banco BNP en Nueva York.
"Esta era la única forma para los iraquís de tener algo de liquidez, dinero efectivo para pagar a sus funcionarios. Todo se lo daban en especies", afirma esta empresaria, que recuerda que un cirujano de planta cobraba en los años del embargo a Irak un salario de tres dólares.
"La ONU estaba al corriente de todo. Allí no se movía nada sin el sello de las Naciones Unidas", afirma. "Toda la documentación iba firmada por las Naciones Unidas. No se hizo nada al margen de la ONU", cuenta también el gerente de una empresa que firmó un contrato con Irak para suministrar medidores de gases y líquidos.
Contratos paralizados
Cuando estalló la guerra, en marzo del 2003, quedaron paralizados muchos contratos, que se encontraban en proceso de entrega. Pero a las pocas semanas, la FAO, Unicef y Unesco se encargaron de que aquellos suministros considerados más urgentes llegaran a su destino.
La empresa Cape Vermey (del grupo Ciesik) tenía pendiente de entregar un camión de semillas de colza y desde la FAO, en mayo del 2003, recibió el siguiente mensaje, recuerda Bartolomé: "Lleva la carga a Aqaba (Jordania), pasa la factura y quítale el 10% añadido". "Hasta ese extremo se sabía que se pagaban sobrecargos", afirma.
Cape Vermey es una de las pocas empresas citadas en el informe Volcker que respondió al requerimiento de la comisión investigadora y admitió la existencia de comisiones, según consta en el documento. También lo hizo Fluval Valves. Otras tres empresas, Industrias Lácteas Asturianas, Naturval Apicola SL y Refratechnik Ibérica, negaron la existencia de los pagos. El resto ni contestó a los investigadores. El propio informe Volcker admite que hubo sociedades con las que nunca pudo contactar. La empresa zaragozana Ringo Válvulas asegura ser una de éstas.
Industrias Lácteas Asturianas es una de las compañías que con mayor contundencia niega que pagara comisiones e incluso que fuese requerida "para efectuar pagos no autorizados". El informe Volcker reconoce no poseer pruebas de que esta empresa española y otras 16 más hayan pagado comisiones. A este grupo, el documento asigna la letra P . Con la letra A se identifica a las compañías de las que el informe dice tener "pruebas de la existencia de pagos ilícitos". Son 28 de las 45. Es la lista negra de Volcker.
