Por un 67,8% de los sufragios emitidos, Suiza aprobó ayer, en un doble referendo, una nueva ley de extranjería y una modificación a la ley de asilo, ambas adoptadas por las cámaras federales en diciembre del 2005, que hacen del país helvético uno de los más restrictivos de Europa en materia de inmigración y refugiados. Los textos, que regulan el acceso al mercado laboral para personas que no sean originarias de la Unión Europea (UE) y fijan las reglas para recibir refugiados por razones humanitarias, casi reducen a cero las oportunidades para los inmigrantes no europeos. La participación electoral, de casi el 50%, fue elevada para lo que se estila en el país.

A las limitaciones de admisión para quienes desean trabajar en Suiza escapan "los especialistas, los cuadros y las personas que tengan calificaciones particulares", siempre que no haya suizos o europeos para cubrir las necesidades del mercado laboral, incluyendo a los oriundos de Islandia, Liechtenstein y Noruega. El Gobierno fijará un contingente anual de permisos de trabajo según la demanda empresarial.

POSIBLES SANCIONES Quienes se presenten a cubrir las vacantes serán penalizados si mintieran sobre sus capacidades para conseguir el empleo, si han aceptado trabajar en negro o si han contraído matrimonios ficticios para obtener un permiso de residencia. El reagrupamiento familiar del extranjero quedara subordinado a su nivel económico, mientras que la normativa de integración y eventual retorno al país donde nació reforma la ley anterior, que databa de 1931. En un país de siete millones de habitantes como Suiza, medios oficiales estiman que unos 100.000 inmigrantes sin papeles viven en su territorio. La nueva ley no favorece su regularización.

Al mismo tiempo, podrán aspirar a ser candidatos a recibir el estatus de asilado quienes "sean víctimas de la persecución", pero serán expulsados por la vía urgente los que no presenten documentos de identidad en las 48 horas posteriores a su llegada o los que hicieran falsas declaraciones o no pudieran proporcionar "una explicación creíble" sobre su presencia en Suiza. Quedan exceptuados quienes hayan probado "motivos excusables", como que su país de nacimiento se niega a otorgarle papeles o que fuesen objeto de acciones represivas. Los interrogatorios podrán ser presenciados por miembros de organismos humanitarios. Durante la espera de la expulsión, el afectado puede recibir una "ayuda de urgencia".

EL VOTO POR CANTONES El voto afirmativo a ambas propuestas legislativas se impuso en los 26 cantones suizos. Sin embargo, el apoyo al paquete legal fue mucho menos entusiasta en los cantones francófonos del oeste del país (alrededor del 53%), mientras que en las regiones de habla alemana e italiana una aplastante mayoría de al menos el 67% de los lectores votaron sí.

EXIGENCIA DE PASAPORTE Christoph Blocher, el derechista ministro de Justicia suizo y principal impulsor de las reformas legales, salió en defensa de las nuevas normas más criticadas, como la exigencia de que tengan un pasaporte. "La gente dice que no quiere abusos en el sistema, pero aspiran a mantener las tradiciones humanitarias de Suiza", dijo. Al otro lado de la barrera, Thomas Christen, secretario general del Partido Socialista Suizo, una de las dos formaciones políticas que se oponen a los cambios, admitió su decepción: "Evidentemente, estamos decepcionados, pero sabíamos que sería difícil", declaró Christen. "Suiza tiene una de las leyes de asilo más duras de Europa y ello no ayuda a nuestra reputación".

Varias asociaciones criticaron la ley y el Alto Comisariado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) lamentó el resultado del referendo. Su portavoz, William Spindler, prometió que su organización vigilaría de cerca las acciones del Gobierno suizo.