El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) protegió ayer a Silvio Berlusconi y a sus principales colaboradores de la actuación de la justicia italiana en los casos de la falsificación de las cuentas públicas del grupo Fininvest de 1986 a 1989. En una sentencia extraña, el máximo tribunal europeo eludió pronunciarse sobre el fondo de la cuestión prejudicial planteada por los jueces italianos y optó por enfatizar un principio que evita que el primer ministro italiano y sus colaboradores puedan ser condenados por esos delitos. Tras este fallo, la defensa de Berlusconi pidió el cierre inmediato del caso de las falsificaciones.

Los jueces de Milán plantearon a la UE si la suavizada ley italiana del 2002, diseñada por el Gobierno para evitar la condena de Berlusconi y sus ayudantes, era compatible con la exigencia de la directiva europea sobre sociedades, que exige que las sanciones tengan "carácter efectivo, proporcionado y disuasorio".

El abogado general, que asesora al tribunal de la UE en cada caso, estimó que la nueva ley italiana no cumplía los requisitos de la directiva. Sin embargo, el tribunal decidió extrañamente desoír la recomendación del abogado general y se fijó en una cuestión formal para evitar que los inculpados pudieran sufrir una "sanción penal manifiestamente más grave", como reconoce la propia sentencia.

Pese a destacar que la legislación de los estados miembros debe respetar la directiva de servicios y su exigencia de sanciones efectivas y disuasorias sobre falsificación de las cuentas empresariales, el tribunal estableció que no puede invocarse esa directiva, "como tal, contra los inculpados en el marco de un procedimiento penal". Para el tribunal, "una directiva no puede, por sí sola crear o agravar la responsabilidad penal de los inculpados". La sentencia explica que si el tribunal hubiera reconocido que la nueva ley italiana no es compatible con la directiva europea, los jueces "tendrían la obligación de dejar de aplicar" los artículos cuestionados favorables a Berlusconi.