La concejala de Hacienda, Mercedes Moyano, exigió ayer la dimisión de la portavoz del PP, Pilar Varas, y del concejal Francisco Robustillo por considerarlos responsables político del contrato blindado del exgerente de la empresa municipal de autobuses, Prudencio González, que establecía una cláusula por la que este recibiría 205.000 euros en caso de despido.
Mercedes Moyano, que ahora preside el Consejo de Administración de Transportes Urbanos, afirmó que Pilar Vargas y Francisco Robustillo, junto con los exconcejales Alfredo de la Rubia y Manuel Gámez, fueron los miembros del consejo de administración que firmaron el acta de la reunión que aprobó el blindaje del contrato de González.
Por este motivo anunció que, una vez que se pronuncie el Juzgado de lo Social que está viendo el caso, interpondrán contra ellos una denuncia por vía penal como presuntos autores de un delito societario, argumentando que tomaron una decisión que sabían que era lesiva para las arcas municipales.
La reunión donde se firmó el blindaje se celebró en julio del 2006 y a ella no pudo asistir ninguno de los tres miembros del PSOE que pertenecían a la misma. Además, el punto del contrato no estaba en el orden del día, aseguró Moyano.
EN RESPUESTA A VARGAS Por otra parte, y contestando a unas declaraciones de Pilar Vargas recogidas en el periódico digital Extremadura al Día, donde señala que en este asunto el ayuntamiento "cuenta con el 200% del apoyo de su equipo", Moyano replicó: "Queremos responsabilidades políticas, no morales y si van acompañada de los 205.000 euros, mejor".
Además, indicó que el ayuntamiento puede perder 475.000 euros, de los que 205.000 serían por la indemnización, si pierden el juicio, y 270.000 por la subvención que la empresa de transporte no solicitó este año al Ministerio de Economía, y que era pedida todos los años.
En este sentido, Moyano explicó que el plazo para pedir la subvención terminó el 30 de junio y que Prudencio González estuvo como gerente en funciones hasta el 1 de agosto.
"Nos parece muy grave que el ayuntamiento tenga que pagar 205.000 euros y deje de percibir 270.000 euros, que van a tener que abonar todos los emeritenses por este lío en el que nos ha metido el anterior equipo de gobierno", manifestó.
