Radiotelevisión Española (RTVE) merece respirar los nuevos aires de la mayoría que desalojó a Mariano Rajoy y al PP de la Moncloa. La protesta semanal de sus trabajadores, los viernes negros, son un claro indicador del tipo de manipulación y del ambiente que se respiró en el mandato expirado de José Antonio Sánchez. Hizo bien el Gobierno de Pedro Sánchez de acabar con la situación de bloqueo propiciada por el Partido Popular y Ciudadanos a través de un decreto ley que facilitaba buscar un presidente y unos consejeros de transición hasta que sean elegidos con los criterios de la nueva ley aprobada por la oposición al inicio de la legislatura a través de un concurso público. Ese era el fin, el destino final de la operación que pretendía volver a las mayorías cualificadas en el gobierno de los medios públicos. Pero el camino para llegar a ese final no podía haber empezado peor. De nuevo cambios de cromos y vetos cruzados en una negociación en la que han participado el propio líder de Podemos y el jefe de gabinete, y principal asesor de imagen, del presidente del Gobierno.

Andrés Gil se ha colocado en el foco después de que sobre la mesa hubieran estado otros nombres de profesionales, como Arsenio Escolar y Ana Pardo de Vera. «Parece que finalmente el acuerdo será con Andrés Gil. En la negociación ha habido una cuestión que ha quedado clara desde el principio: el acuerdo parlamentario que había respecto del concurso público es un objetivo fundamental e imprescindible y TVE tiene que dejar de ser un aparato de propaganda del partido que gobierne y ser un servicio publico independiente», dijo Iglesias. Sorprendió que fuera él quien confirmara una noticia tan relevante y no el PSOE. Una de las afectadas por este proceso de negociación, Pardo de Vera, directora de Publico.es, narró en un hilo de tuits su versión sobre lo sucedido, en los que cuenta cómo estuvo elegida durante unos días y cómo se cayó por los vetos impuestos.

Los nombres que han salido, como el del candidato a presidir RTVE, Andrés Gil, son de profesionales reconocidos. Nada que objetar. Pero la forma y el descarte de profesionales de igual prestigio dentro de la propia corporación pública dejan en el aire una opción que no cuenta, de momento, con la mayoría parlamentaria necesaria, que no es en ningún caso la necesaria y deseable. Mal principio para un buen fin.