R esulta que el accidente de metro de Valencia, que se cobró la vida de 43 personas el pasado 3 de julio, no era "ni previsible ni evitable" y su única causa fue el exceso de velocidad. Así lo aventuró la Generalitat Valenciana a las pocas horas del siniestro y así lo ha refrendado una comisión de investigación parlamentaria, con mayoría del Partido Popular, que ha despachado el caso en apenas cinco días, y que ha vetado a casi todos los expertos y la documentación propuestos por la oposición.

Ni las críticas de los sindicatos al estado de la línea ni las denuncias presentadas antes de la tragedia han sido tenidas en cuenta. El rodillo del PP ha evitado la "transparencia" y el "llegar hasta el fondo" con que se llenan la boca los populares cuando las comisiones de investigación incumben a otros, y, una vez más, se han quedado solos en la votación de unas conclusiones que parecen diseñadas de antemano.

Un mes después del accidente, ningún responsable de infraestructuras de la Generalitat ha asumido culpa alguna. Todos siguen en sus despachos, insistiendo en que la línea 1 cumple todas las medidas de seguridad que se exigen a una línea de sus características. A una línea de cercanías. Porque, para ahorrar lo que se gastará en necesidades menos acuciantes, se acopló una red de cercanías antigua a la red de metro, mucho más exigente en materia de seguridad. El subterfugio funcionó unos años, pero ahora se ha comprobado que entrañaba demasiados riesgos.