Contra la subida del salario mínimo interprofesional se han destacado, casi por este orden, empresarios, liberales y políticos conservadores. Y los últimos, con una mucha menor intensidad, por supuesto. Ocurre que, por poderosas y (ya leerán) certeras que sean las razones mostradas, la izquierda y los «agentes» sociales (nótense- y mucho- las comillas) han conseguido situar la posición del opositor en un lugar simplemente irreal: si objetas es simplemente porque deseas que la gente no gane más. Y las empresas que no puedan pagar 50 euritos, al cierre. Sic.
Pero, como en la Galia, siempre queda la esperanza de una pequeña, pero aguerrida, aldea rebelde. De aquellos que, incluso compartiendo escenario, prefieren un mutis si aquello no gusta al público. Y esa resistente aldea, sí, somos nosotros: Extremadura.
O mejor dicho, nuestro presidente Guillermo Fernández Vara. Pese a que la decisión de la subida del SMI sale de sus propias filas, Vara considera que el daño de la medida (recuerden que es la segunda en un año) afecta sensiblemente a la economía extremeña. Por eso no ha dudado en, pública y sonoramente, pedir una entrevista con la ministra «dueña» de la medida, Yolanda Díaz. Casualmente, correspondiente a la cuota Podemos del gobierno de coalición de la izquierda.
Vamos a obviar que pueda existir un cálculo electoralista en mostrar cierta distancia con el nuevo gobierno, por aquello de guardarse las espaldas. Vamos a pensar que la indignación y preocupación del de Olivenza nacen de una sincera preocupación y un hondo conocimiento del sector agrícola extremeño. Tampoco hay motivos para pensar lo contrario. ¿Está justificada la irritación del presidente con una subida del SMI que acumula casi un 30% en escasos doces meses? Sí.
Lo cierto es que la subida de los costes añadidos al salario, que es lo que realmente hablamos, afecta principalmente a sectores de intensidad de mano de obra y bajo valor añadido. Es decir, la medida tiene un mayor impacto en una región como Extremadura (o Castilla-La Mancha) que en Madrid (o Cataluña). Conviene no olvidar que nuestra agricultura está fuertemente subvencionada. Sí, pero al mismo tiempo extremadamente controlada. El entorno de la Unión Europea exige altos estándares fitosanitarios, de control de productos, pruebas de toxicidad y de limitación de producción.
Todo ello se traduce en mayores costes. Y elevados. Seguro que ya han pensado que todo eso va en el precio de la manzana o la patata que llega a sus manos. Tienen razón. Tanto como que la mano de obra que lo lleva a cabo sólo puede crecer en número (menos paro) o salario (mayor capacidad) si sube la demanda o el precio. Es decir, no de forma pactada o artificial, que es lo que supone esta medida. Es una imposición que obliga de forma inmediata a reducir o no contratar.
Alguno dirá que simplemente basta con que se gane menos dinero por los empresarios. Pero no funciona así: de hecho, el que determina la capacidad de fijar el salario es el coste de producción, no el beneficio. Casi todos los autónomos y empresarios agrícolas asumirían un impacto en su beneficio que fuera directo al bolsillo del trabajador (podría usarse como un incentivo del consumo), pero es que la repercusión en la estructura de lo que produce es mayor, mucho mayor. Ese es el problema. En realidad, el ganadero o el agricultor sabe lo que le va a costar producir. Pero no lo que va a ganar (o perder) con su producción porque no tiene ninguna fuerza para marcar el precio. Ni para traer tecnología (que sustituye mano de obra). Ni para competir con otros mercados con menos imposiciones.
Lo que no dice Vara es porque se centra sólo en el sector agrícola, cuando el turismo, un sector estacional y con mano de obra no cualificada, va a sufrir igualmente y tiene cada vez más peso en Extremadura. Lo que tampoco explica es que él tiene en la mano ayudar a mitigar los efectos, porque gran parte de lo recaudado al empresario por esta subida va directo a sustentar la economía pública. Que, desgraciadamente, sigue siendo el motor de nuestra economía. La misma que arrastra un paro estructural que no atrae precisamente inversión y proyectos, y que llegó casi al 30% de la población activa. Sin reducir, eso sí, el gasto público discrecional.
Pero el envite está bien tirado. Ojalá nos cuente bien nuestro presidente su contenido. O incluso mejor: que se traiga algo productivo. Sería novedoso.
*Abogado. Especialista en finanzas.
