WHw ace cuatro años estalló en Estados Unidos la crisis de las hipotecas basura, una crisis económica generada fundamentalmente por unas prácticas a todas luces engañosas y por supuesto perversas. Su alcance fue de tal dimensión que contagió a todo el sistema financiero mundial y aún seguimos en la uci.

Un año después de aquel estallido, se derrumbó el banco Lehman Brothers mientras que otras entidades financieras tuvieron que ser rescatadas con fondos públicos. Hasta ahora, nadie había respondido judicialmente por perpetrar tamaño desaguisado. Pero, dentro de pocos días, la Administración del presidente americano Obama, por medio de la Agencia Federal de la Vivienda, presentará una demanda masiva contra los grandes bancos por dicha crisis hipotecaria.

En la lista de demandados están las mayores entidades estadounidenses, pero también las hay europeas y japonesas. Se les acusa de negligencia al ocultar el riesgo de unos títulos hipotecarios concedidos a clientes insolventes y de provocar pérdidas por valor nada menos que de 28.000 millones de euros a dos compañías semipúblicas que tuvieron que ser rescatadas y siguen bajo tutela del Estado.

Hasta ahora se han alcanzado varios acuerdos extrajudiciales entre los bancos y los grupos de inversores privados que intentan minimizar las pérdidas. Con la demanda judicial, la Administración estadounidense pretende recuperar en beneficio del contribuyente parte de los miles de millones perdidos en la crisis.

Pero, además, la iniciativa del Gobierno de Barack Obama pone a Wall Street frente a su grave irresponsabilidad, frente a los excesos y a las malas prácticas cometidas.

Ante el anuncio de la acción legal no han tardado en alzarse algunas voces en defensa de los bancos. Dada la difícil situación económica que existe en estos momentos y la vulnerabilidad del mercado inmobiliario, dicen, una acción legal contra la banca no solo no ayudará a la recuperación económica, sino que la puede perjudicar.

Lo que olvidan quienes salen en defensa cerrada de Wall Street es que las entidades deben rendir cuentas por los errores cometidos especialmente cuando estos han sido de tamaña magnitud.

Y lo mismo vale, por ejemplo, para las agencias de calificación de riesgos, que en vísperas de la caída estrepitosa del banco Lehman Brothers aún le daban la nota máxima y hoy siguen aprobando y suspendiendo a entidades y países como si lo ocurrido en el 2007 y el 2008 no fuera con ellas.