La manifestación del sábado 29 de octubre reunió a decenas de miles de personas en los alrededores del Congreso, gritando contra lo que consideraban una investidura ilegítima. La convocatoria tuvo algunas características compartidas por otras muchas manifestaciones populares recientes: la denuncia de las imposiciones de las élites frente a las necesidades de la ciudadanía, las alteraciones de orden público que se produjeron durante su transcurso y el cuestionamiento de la legitimidad de las instituciones.

El golpe en el PSOE que ha facilitado la investidura contiene algunas de esas mismas características: las alteraciones de orden público que se produjeron en la calle Ferraz durante la celebración del Comité Federal del 1 de octubre, el choque irresoluble de legitimidades que dejó los estatutos del PSOE en papel mojado, y el consenso de las élites (Felipe González, Juan Luis Cebrián y los barones cómplices) para descabalgar a Pedro Sánchez. Este golpe, además, aporta elementos complementarios: el choque ideológico en un partido de centroizquierda entre quienes prefieren pactar con la derecha (PP) que con la izquierda (Podemos), las conexiones internacionales representadas por González y Cebrián, y la mutación del sistema político español.

La revuelta estudiantil que se produjo el 19 de octubre en la Universidad Autónoma de Madrid contra Felipe González y Juan Luis Cebrián comparte protagonistas y también los mismos elementos: alteraciones de orden público, referencias a la política internacional proferidas por los jóvenes en relación al “consenso anticiudadano” de las élites, la relación con lo acontecido en los días anteriores en el seno del PSOE, y de nuevo el choque de legitimidades democráticas entre la libertad de expresión y la libertad de manifestación.

El mismo 19 de octubre, cerca de allí, finalizaba el motín de un grupo de inmigrantes en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Y de nuevo nos encontramos con elementos que convergen: alteración del orden público (muy seria en este caso) y debate internacional (en lo que se refiere a la política migratoria).

Mientras todo esto pasaba, entre el 1 y el 29 de octubre, comenzaban desde el día 4 las comparecencias del caso Gürtel, que durará meses y que implica al partido más votado de España y al presidente recién investido. La corrupción, que no pasa factura en las urnas, se da cita en los juzgados, y los testimonios de los encausados ponen de manifiesto la impunidad de las élites para comerse los platos de angulas de tres en tres con el dinero de las familias que las pasan canutas para llegar a fin de mes.

Otro día de octubre, el 24, el concejal de la CUP en Vic, Joan Coma, se rebeló contra la Audiencia Nacional no acudiendo a declarar por un presunto delito de incitación a la sedición durante un pleno del ayuntamiento; pocos días antes, el 10, la acusación popular pedía seis años de cárcel para el ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, por delitos relacionados con la consulta catalana del 9 de noviembre de 2014. No hace falta decir que todo esto se relaciona con el brutal choque de legitimidades entre el Estado y una Comunidad Autónoma, de imposible resolución en el marco político actual.

Si lo repasan atentamente todo, podrán observar que han saltado por los aires todos los fundamentos de nuestro Estado: el poder judicial (incapaz de solventar satisfactoriamente los choques de legitimidades, inoperante en plazos razonables para juzgar la corrupción), los poderes legislativo y ejecutivo (la acusación de investidura ilegítima), los partidos políticos (el golpe en el PSOE, la desaparición del clásico sistema bipartidista), el consenso de paz social entre las instituciones y la ciudadanía (todas las alteraciones de orden público detalladas), la neutralidad y profesionalidad de los medios de comunicación como cuarto poder (paradigmáticamente representados por Cebrián), la imbricación de España en Europa (inmigración, desigualdad) y, por supuesto, la integridad territorial (que, de una forma o de otra, no podrá sostenerse tras el proceso catalán).

Hay elementos para hablar de un régimen fallido. Un viejo traje político que nos queda ya tan pequeño y está tan despedazado que no admite más remiendos. Algunos quieren coser, pero no parece que sea posible: debieron pensárselo antes de descoser. Estamos en la antesala de desórdenes públicos más graves, a punto de entrar en esa fase de la teoría del caos en la que todo es posible. ¿Y a qué se dedican los dirigentes? A mantener su estatus. Cuando pase lo que tiene que pasar, no digan que no les advertimos. Serán los máximos responsables.