Sin que nunca llegara a cumplirse, en todas las campañas electorales se han oído promesas de sustraer las pensiones de la confrontación política. En adelante, nadie proclamará llamamientos del estilo porque la reforma que prepara el Partido Popular deja en manos de cada Gobierno la cuantía de su revalorización anual, de manera que será tema central en cada convocatoria electoral.
La última intervención del secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos , ante varios colectivos de trabajadores autónomos ha vuelto a poner sobre la mesa esta cuestión tan sensible. Y ha subrayado uno de sus aspectos más polémicos, que la revalorización máxima --el IPC, más 0,25 puntos-- dependerá de cada Gobierno y de su capacidad para generar nuevos ingresos para la Seguridad Social.
El ahorro en el gasto de pensiones es una condición impuesta por Bruselas, pero dejar su actualización en manos del Ejecutivo de turno va mucho más allá porque choca de pleno con la doctrina de política económica vigente, que tiende a limitar la capacidad de generar desequilibrios estructurales en las finanzas públicas, como se hizo con la reforma exprés de la Constitución.
Además, aunque el Gobierno acusa a sindicatos y oposición de exagerar y provocar alarmismo, lo cierto es que su forma de exponer a los ciudadanos los beneficios de la reforma es demasiado confusa. De un lado, dice que en nueve años generará un ahorro de 33.000 millones, el 3,6% de todo el gasto en pensiones en ese periodo. Son unos recursos que el sistema economizará porque no los recibirán los pensionistas. Entonces, ¿cómo puede asegurar Burgos que de haberse aplicado esta fórmula en los últimos 16 años, los pensionistas habrían mejorado su poder adquisitivo en 14 de ellos?
Por otra parte, el Gobierno trata de centrar el debate en la revalorización, dejando al margen cuestiones fundamentales que inciden en la renta de los pensionistas, como el alargamiento de la edad de jubilación, el endurecimiento de los requisitos de cotización y su adaptación --disminución-- a la esperanza de vida. Además del recorte de las prestaciones sociales, como en la sanidad y el copago, y las ayudas a la dependencia. Eso sin contar los ajustes en educación, un capítulo que por desgracia ha vuelto a figurar en el día a día de muchos pensionistas.
