No contento con que la Organización Mundial del Comercio (OMC) diera la razón a Estados Unidos en el contencioso sobre las ayudas europeas a Airbus, y le permitiera imponer aranceles a productos de la Unión Europea por valor de 7.500 millones de dólares anuales, el presidente norteamericano Donald Trump ha tensionado aún más la guerra comercial entre ambas potencias.

Esta vez, Estados Unidos estudia elevar la ofensiva arancelaria subiendo hasta el 100% la carga de algunas mercancías que ahora están al 25% y ampliando la lista negra a productos hasta ahora exentos, como el cava que se produce en España. Si el sector agroalimentario español ya quedó tocado con el impuesto aduanero aplicado en el mes de octubre, este segundo golpe podría tener graves consecuencias, y más en un contexto de desaceleración económica. Cabe destacar además el importante esfuerzo exportador del sector del cava, que tiene en Estados Unidos uno de sus principales mercados exteriores fuera de la Unión Europea.

El menosprecio de Donald Trump por el multilateralismo y la diplomacia ha quedado más que acreditado. Si decide ampliar los aranceles a productos europeos más allá de lo dispuesto por la OMC, estará desafiando, una vez más, al gran árbritro del comercio mundial y optando por un enfrentamiento que solamente puede empeorar las cosas, ya que es de esperar que la Unión Europea no se quedará de brazos cruzados y anunciará una subida arancelaria a las importaciones desde el gigante norteamericano. La situación puede derivar en una escalada que acabe perjudicando a consumidores y empresas de ambas orillas del Atlántico.

La amenaza al cava es «preocupante», reconocen los empresarios españoles, si bien de momento no es más que eso, una amenaza, aunque advierten que puede ser incluso peor que el brexit. El daño real es el de la primera lista de productos gravados (vino de baja graduación, derivados del cerdo, el aceite de oliva, las aceitunas o el queso), que no solamente afecta a España, sino también a Francia, Alemania y el Reino Unido (integrantes del consorcio de Airbus).

La situación exige del Gobierno español firmeza dentro de la Unión Europea para defender sus intereses, y al Ejecutivo comunitario, una actitud dura y a la vez dialogante para buscar una solución negociada, única alternativa a una guerra indeseada.