Un total de 16 de las 31 personas excluidas de la adjudicación de viviendas sociales de La Data por estar ocupando una ilegalmente han vuelto a pedir casa. Sus reclamaciones las vio ayer la comisión local de la vivienda para enviarlas ahora a la Junta, que prohíbe taxativamente en un decreto el acceso a una vivienda de cualquier persona que haya utilizado el procedimiento de la patada en la puerta.
La edil Carmen Blázquez apuntó que de los 16, dos personas dicen no vivir de forma ilegal sino estar acogidas por un familiar y aportan documentación que también se remitirá a la Junta.
Además, se enviarán otras 26 reclamaciones de personas que no pidieron casa dentro de plazo, ya que "a lo mejor a la Junta le viene bien por si hay vacantes", más cuatro de excluídos por falta de documentación, ya aportada.
Esta vez acudió a la comisión la Fepave --presionada por la asociación vecinal del Pilar-- que defendió a la asociación de Gabriel y Galán al pedir que ningún ilegal pueda tener acceso a una vivienda. Quienes no asistieron fueron PP y CCPL, una "irresponsabilidad", según la edil.
