Diez bloques, de entre 12 y 15 plantas, más suelo comercial, dotacional para colegios y aparcamientos es la propuesta que la Concejalía de Urbanismo enviará al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para pagar a los dueños de las huertas de La Isla los 40 millones de euros que el ayuntamiento les debe por sentencia del Supremo.

La propuesta se la comunicó ayer el concejal José Antonio Hernández a los miembros de la oposición e irá recogida en el nuevo Plan General Municipal.

Los mayores cambios urbanísticos previstos se plantean precisamente y como ya había adelantado el edil en las mismas huertas del litigio y supondrán la desaparición del aparcamiento actual costeado con fondos europeos. Así, en el espacio que va desde la rampa y escaleras de acceso a este y hasta las escaleras de bajada a la avenida del Valle desde Santa Elena se contempla la construcción de 6 bloques de entre 12 y 15 plantas, no en línea, sino paralelos y al nivel de rasante de la avenida y con espacios abiertos entre ellos para no impedir la visión de La Isla.

En esta misma zona entre los bloques se plantean zonas de aparcamientos públicos y suelo comercial porque lo que quiere el concejal es que la zona sea también un núcleo de actividad económica.

A continuación, y en dirección al puente Nuevo, habría 10.000 metros de suelo dotacional para el traslado de los colegios Alfonso VIII y Ramón y Cajal y se llegaría al puente con un aparcamiento de 125 plazas.

Según explicó ayer el concejal, "con la urbanización de las huertas se pagaría su coste, pero a este hay que añadirle los intereses", de entre 10 y 13 millones de euros, según los cálculos iniciales. Para conseguir esa cantidad, el ayuntamiento ha elaborado un proyecto general que incluirá la construcción de dos bloques de 9 plantas en el aparcamiento de la estación de autobuses. Además, prevé otro bloque de 11 plantas en el edificio contiguo a los pabellones militares y otro, también de 11 plantas, en la manzana que ocupa actualmente el colegio Inés de Suárez.

"Aunque a ninguno nos gusta entregar tantos terrenos de titularidad municipal, es la mejor solución", en palabras del edil. Si no hay acuerdo con los dueños, estos podrán pedir que se ejecute la sentencia mediante embargos al ayuntamiento por valor de la deuda y tendrá que ser el juez quien decida finalmente cómo se pagan las huertas.