Echarse a llorar o ser positivos y constructivos y buscar una solución que no hipoteque a la ciudad durante los próximos 20 años sino que además la mejore. Esta última es la opción elegida por el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, ante la Crónica de una muerte anunciada , como él mismo ha definido las primeras sentencias del Supremo que dan la razón a los propietarios frente al ayuntamiento en el litigio por las huertas de La Isla. Son dos sentencias que obligan al ayuntamiento a pagar 6,2 millones de euros por dos huertas, pero hay otros 8 recursos pendientes de otras 8 huertas y el ayuntamiento calcula que tendrá que pagar entre 37,5 y 40 millones de euros, 27,5 por los terrenos más entre 10 y 13 millones por los intereses, que corren en unos casos desde mayo del 2004 y en otros, desde diciembre del 2008.

Los datos los dio ayer el propio concejal, que calcula que, de ahora al verano, llegarán otras 6 sentencias y las dos restantes podrían retrasarse uno o dos años, dijo. No obstante, no duda de que todas serán negativas para el ayuntamiento: "Nuestras peores previsiones se han cumplido" y subrayó que, como si de una "tormenta perfecta" se tratara, llegan "en el momento más complicado, no solo por la crisis, sino porque que esta nos ha llevado a tener un corsé llamado ley de estabilidad presupuestaria" que no permite endeudarse si el coeficiente de endeudamiento del ayuntamiento no baja del 75%, algo que calcula que sucederá en 2014, pero no como para endeudarse tanto.

Por eso, la única luz que ve al final del túnel es una opción que "afortunadamente" el ayuntamiento sí tiene abierta y es la revisión del Plan General Municipal. Porque en este documento el gobierno municipal puede plasmar los acuerdos a los que llegue con los propietarios que, según su filosofía, no deben pasar solamente por zanjar la deuda, sino además, por mejorar la zona y acabar con el "erial" actual, como lo definió y "darle un valor añadido a la ciudad que puedan disfrutar nuestros hijos y no, por el contrario, condenar al ayuntamiento durante años".

Por eso, su intención es utilizar el Plan General para generar los recursos que permitan pagar los 40 millones a sus propietarios y generarlos en la misma zona de las huertas, es decir, que no se plantea a priori permutas sino permitir edificar en los solares; permitir que el suelo se pueda destinar también a locales comerciales, unido a parques, servicios, dotaciones, sin olvidar el traslado proyectado de los colegios Alfonso VIII y Ramón y Cajal y los aparcamientos.

Porque, en su opinión, la ubicación de las huertas es privilegiada como balcón al río y resulta atractiva para construir y además la daría un uso porque "este problema data de 1970, antes de que yo naciera y todavía no he podido pisar las huertas".

Pero el reloj corre en contra del ayuntamiento porque tendrá dos meses para encontrar una solución consensuada con los propietarios. Si algún dueño no está de acuerdo, podrá pedir el embargo "de los bienes patrimoniales que debemos valorar".