El conflicto entre el ayuntamiento y la UTE que gestiona el servicio del agua persiste. De momento, se libra en los tribunales, a raíz del recurso contencioso administrativo que la empresa interpuso el pasado verano contra el consistorio. Sin embargo, el gerente de la UTE, Francisco Martínez, manifestó ayer que está dispuesto a sentarse con el alcalde para llegar a un acuerdo extrajudicial que evite que sean los tribunales quienes impongan la solución: "Nos gustaría llegar a un acuerdo satisfactorio para las dos partes". El alcalde replicó ayer que solo negociará si la ciudad sale beneficiada.
Los problemas entre la UTE (formada por Aquagest, Caja Extremadura, Araplasa y Mego) salieron a la luz en julio, al anunciar la empresa un ERE de reducción del 25% de jornada y sueldo para sus 33 trabajadores. Sin embargo, son problemas que soporta la empresa desde el año 2007, porque, según manifestó entonces la UTE, el ayuntamiento no había tramitado certificaciones de obras realizadas desde ese año y la empresa tampoco ha cobrado nada por el servicio de depuración de aguas realizado a los municipios del Valle del Jerte desde ese año.
A esto se suma la congelación de las tarifas desde hace tres años. Por todo esto, por el "desequilibrio económico" generado desde la adjudicación del servicio a finales del 2006 --aunque la UTE empezó a funcionar en febrero del 2007-- la empresa optó por un ERE que, tras mantener reuniones con el alcalde, aplazó y continúa aplazado, tras el compromiso municipal y de la diputación de hacer frente a las certificaciones y deudas pendientes. Además, el ayuntamiento encargó un informe y una auditoría externa para contrastar las cifras de pérdidas presentadas en un informe también externo de la empresa.
A pesar de todo, la UTE presentó un recurso contencioso administrativo que no ha paralizado y que, a día de hoy y, si la situación no cambia y no hay acuerdo extrajudicial, podría decidir la solución al conflicto.
LISTA LA AUDITORIA Ayer, el ayuntamiento manifestó haber tramitado ya todas las certificaciones pendientes y posibles de tramitar legalmente. El gerente de la empresa dijo tener conocimiento solo de algunas. Además, dijo no haber recibido nada aún de la deuda de los municipios del Valle y calcula que adeudan a la UTE unos 900.000 euros. "Seguimos perdiendo dinero y llevamos ya tres años sin subida de tarifas y el pliego recoge que deben subir, como mínimo, el IPC", señala Martínez.
El ayuntamiento en cambio asegura que se ha cumplido el pliego de condiciones por el que se adjudicó el servicio y afirma que "lo que la empresa pide es la modificación de las condiciones del pliego y eso no se puede hacer sin rescindir el contrato y sacar un pliego nuevo". Es otra de las opciones que no descarta la empresa, según su gerente.
