El PP ha mostrado su preocupación por el futuro del Centro de Rehabilitación Psicosocial, dependiente de la Junta, pero con el que el ayuntamiento colabora a través de un convenio. Dado que la alcaldesa no aclaró en el pleno si el servicio que presta a personas con enfermedad mental se mantendrá o no, el PP ha propuesto al gobierno una alternativa para evitar el cierre: trasladar su ubicación a dependencias del SES o a pisos de los pabellones militares, de propiedad municipal.
De esta forma, el PP considera que se eliminarían los gastos de alquiler, con lo que "la inversión municipal en este servicio se reduciría considerablemente".
Porque lo que la alcaldesa sí dejó claro en el pleno es que al ayuntamiento "le está costando dinero" mantener un servicio que es competencia de la Junta.
Para la oposición, esto solo pone de manifiesto "la incapacidad del gobierno para ahorrar gastos de alquiler" y asegura que, "lejos de querer hacer demagogia con el futuro de los trabajadores, le pedimos al equipo de gobierno que luche para que la Junta de Extremadura mantenga la subvención que posibilite la atención".
