De nuevo, el interventor municipal salió ayer mal parado de la declaración del sexto imputado en el caso de presunta corrupción por adjudicaciones irregulares de obras en el ayuntamiento. No porque sea más o menos culpable sino porque el secretario municipal, Antonio Santibáñez, negó tener conocimiento de que el interventor hubiera realizado alguna observación a las adjudicaciones.
Esta afirmación la hizo el secretario a su salida de la sala de vistas del juzgado de Instrucción número 4, tras dos horas y media de declaración y acompañado por su abogado. Precisamente, su argumento es el que han utilizado los tres concejales imputados, Blas Raimundo, Enrique Tornero y Francisco Barbancho. Así, mientras el interventor, Roberto Del Olmo, ha basado su defensa en que avisó del fraccionamiento ilegal de obras que por su cuantía global debían haber salido a licitación pública --en la piscina climatizada, el párking de La Isla, la pista de motocross y en el entorno de la ciudad deportiva-- a través de objeciones que quedaron plasmadas por escrito en el sistema informático interno del ayuntamiento, ayer, el secretario municipal aseguró no ser consciente de esas objeciones y; es mas, afirmó que ni siquiera tenía acceso al sistema informático.
Además, dijo conocer solo los expedientes de las obras mayores, que se tramitan a través de la secretaría y ninguna de las obras que se investigan se tramitaron como tal pese a su cuantía, de ahí la irregularidad.
Respecto al sistema informático, el interventor ha pedido al juez que se revise su funcionamiento para que conste como prueba.
Llama la atención además que la fiscal-jefe provincial, Marta Abellán, señaló en la denuncia que remitió al juzgado que el interventor municipal hizo constar en los expedientes administrativos que se requería licitación para adjudicarlas. Y aún más, según el mismo informe, Del Olmo también advirtió, al menos en uno de los expedientes, y de forma expresa, que "se prohibe su fraccionamiento".
Precisamente, fuentes cercanas al interventor señalaron en su día que este presentó ante el juez los documentos que probaban estas objeciones.
Con todo, con la declaración del secretario municipal terminan, a priori, las declaraciones de imputados en el caso por presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa, trafico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, y malversación de caudales públicos.
El 3 de diciembre están citados como testigos, un arquitecto municipal y una aparejadora.
