Impiden mantener una conversación, ver la televisión o leer un libro. El ruido de los tubos de escape de algunos ciclomotores se ha hecho tan insoportable para algunos vecinos que una veintena ha firmado un escrito de denuncia en el que critican que "los propietarios de ciclomotores incumplen sistemáticamente la legislación contra el ruido". Además, se quejan de la "absoluta pasividad de la Policía Municipal".
Los firmantes aseguran que ya han comenzado a perder la paciencia: "Yo antes vivía en un piso alto con doble ventana y no me molestaban tanto, pero ahora que vivo en un segundo, estoy todo el día con el ruido metido en casa", explica José Emilio Gañán, promotor de la denuncia. A su juicio, puesto que se trata de una infracción de la Ley, la única solución para conseguir el descanso de los vecinos es reforzar el control policial. Es consciente de que la Policía Local sanciona e inmoviliza ciclomotores periódicamente; sin embargo considera estos controles poco efectivos: "Coger a dos o a tres es como cazar moscas en verano".
En este sentido, reclama a la policía que vigile sobre todo las zonas más transitadas por ciclomotores y las próximas a las salas recreativas: "Debería destinar a un policía fijo, que sólo tendría que ponerse allí, esperar a que uno se monte en una moto y comprobar si el ruido es superior al permitido".
DIFICIL SOLUCION
Por su parte, el jefe en funciones de la Policía Local, José Antonio Quijada, reconoció ayer la dificultad para atajar estas infracciones: "Está algo descontrolado, pero con las campañas y los controles estamos haciendo cosas". Aún así, advierte de que tanto los medios como el personal son insuficientes para erradicar los escapes libres porque el cuerpo carece de un aparato medidor de decibelios y "si unos agentes están en un control y surge otro servicio más importante, deben dejarlo".
De momento, en un control realizado la noche del viernes junto a la Fuente Rosada inmovilizaron dos ciclomotores y denunciaron varias infracciones en la mayoría de los casos por carecer los ocupantes del casco obligatorio. Las sanciones van de los 48 euros, en este caso, a los 600 por no tener el seguro obligatorio.
