El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la condena a 21 años y nueve meses de cárcel a Joaquim Benítez, exprofesor de educación física del colegio de los Maristas de Sants-Les Corts de Barcelona. Benítez es el único de los 17 profesores maristas denunciados por pederastia en el caso Maristas que acabó siendo juzgado hace más de un año por la Audiencia de Barcelona. Fue condenado por abusos sexuales cometidos contra cuatro alumnos aprovechándose de su superioridad como profesor, lo que le permitió, según el fallo, «cometer el delito con mayor facilidad» entre el 2006 y el 2009.

A Benítez lo habían denunciado una veintena de expupilos pero solo cuatro de estas demandas atañían a delitos que la ley todavía no consideraba prescritos. Los otros 16 profesores maristas, la mayoría hermanos religiosos, no pudieron ser juzgados porque todas las denuncias de sus respectivas víctimas también se declararon prescritas. A pesar de que sobre Benítez recayó en abril del 2019 la condena más severa dictada hasta la fecha contra un docente por abusos sexuales, el tribunal lo dejó en libertad hasta que se resolviera este recurso del TSJC.

Nada más conocer el fallo, la acusación particular que ejerce Manuel Barbero, padre de la primera víctima que denunció a Benítez, anunció a este diario que reclamará su ingreso en prisión y que se proceda ya al pago de la indemnización de los 120.000 euros que se concedió a las cuatro víctimas de abusos por las que fue condenado.

Pese a lo abultado de la condena, su ejecución se había dejado en suspenso hasta conocer el veredicto del TSJC, cuya sala encargada de revisar en apelación las sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona rechazó ayer íntegramente los recursos interpuestos por Benítez y por Generali, aseguradora de la fundación para la que trabajaba, contra la pena de prisión que impuso al primero y el pago de una indemnización para las cuatro víctimas de 120.000 euros (60.000, 40.000 y dos de 10.000).

El fallo todavía puede recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo, motivo que puede alegar la defensa para solicitar que la pena continúe en suspenso. La decisión, en cualquier caso, corresponderá a la propia Audiencia de Barcelona, que en su sentencia declaró a los Maristas responsables civiles subsidiarios, como titulares del centro donde ocurrieron los hechos y ser, por tanto, el acusado su empleado. También fijaba que su aseguradora responda por esa cantidad, pero en su caso, como responsable civil directa.