La Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos (Anvdv) ha dirigido un escrito/queja al ministro Alberto Ruiz-Gallardón en el que reclama que la justicia gratuita se extienda a todas las víctimas de la violencia, incluidos familiares, cónyuges y parejas, "y en especial a las más vulnerables".
El anteproyecto de ley de Asistencia Jurídica Gratuita contempla como beneficiarios a víctimas de género, del terrorismo, de trata de seres humanos, de accidentes graves de tráfico y menores o discapacitados psíquicos víctimas de abuso o maltrato.
Anvdv cree que esto supone una discriminación entre las víctimas porque impide acceder a ese servicio a "la mayoría de las víctimas de la violencia, en especial las más vulnerables, las más dañadas y a las que el delito deja en riesgo de exclusión social".
"Se trata de justicia gratuita sólo a determinadas víctimas, quedan por tanto fuera la mayoría de las víctimas de la violencia", lo que "crea una desigualdad o discriminación entre víctimas", denuncia la asociación que preside el abogado José Miguel Ayllón.
En concreto, según Ayllón, quedan fuera "las lesiones, el maltrato, los homicidios y violaciones y agresiones sexuales sobre mujeres cuando no se tenga una relación afectiva con el agresor", los delitos "sobre hombres u homosexuales, se den o no dentro de una relación afectiva", y "la trata y explotación sexual de las mujeres".
A ello se añade que los beneficiarios de la justicia gratuita están exentos de pagar las tasa judiciales que "se derivan de una hipotética desestimación de las pretensiones de las víctimas, por lo que no ser beneficiario implica pagar las costas propias y las del agresor o responsables, cuando son desestimadas las demandas".
Además, añade el escrito, "se han de cumplir circunstancias, requisitos y tipos penales que son ajenos a las víctimas, que no dependen de ellas" y expone como ejemplo el caso de una mujer agredida por su pareja y que carece de pruebas, lo que "implicaría no ser mujer víctima de violencia de género", por lo que no puede beneficiarse de la justicia gratuita.
"Los beneficios que establece la ley se vinculan al proceso penal", advierte también Anvdv, por lo que "fenecen cuando fallece el agresor", ya que según la Ley de Enjuiciamiento Criminal la muerte del autor del delito da lugar al archivo de sus causas.
Por todos estos motivos, la asociación considera que el anteproyecto de ley vulnera principios fundamentales e incumple normas y directrices comunitarias sobre víctimas de delitos porque "establece un trato desigual y discriminatorio generador de una victimización secundaria".
