«Después de quince años, por fin la justicia me devuelve mi dignidad», aseveró ayer Ángela González, la mujer cuya expareja asesinó a su hija después de que un juzgado de Navalcarnero (Madrid) modificase las visitas del padre a la menor y le permitiese verla sin vigilancia.
González hizo ayer esas declaraciones a la ONG Women’s Link -quien ha llevado su caso ante distintas instancias judiciales nacionales e internacionales- tras conocer que el Tribunal Supremo ha condenado al Estado español a indemnizarla con 600.000 euros por el asesinato de su hija en 2003.
El Supremo reconoce la responsabilidad del Estado español en la muerte de la menor, asesinada por su padre durante un régimen de visitas impuesto por el citado juzgado, que, pese a las numerosas advertencias y denuncias de la madre, decidió modificar las visitas y dejarlas sin vigilancia.
«Después de quince años, por fin la justicia me devuelve mi dignidad. Espero y deseo que esta sentencia del Tribunal Supremo sirva para que la justicia no entregue nunca más a ninguno de nuestros hijos e hijas a un padre maltratador», dijo la madre.
La decisión del Supremo también establece la obligación del Estado de cumplir con el dictamen del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), que en 2014 condenó a España por no haber protegido a Ángela ni a su hija. «Tras quince años de lucha, esta sentencia es la primera resolución judicial en el ámbito nacional que reconoce el grave daño que la justicia española infligió a Ángela», se lamentó la abogada de Women’s Link Gema Fernández en una nota.
El Estado español llevaba cuatro años «excusándose en la inexistencia de mecanismos que permitieran aplicar los dictámenes internacionales para no tener que cumplir con la condena del Comité Cedaw, denunció la ONG. «Ahora, -agregó- el Supremo echa por tierra esa postura».
