Mientras el Gobierno alemán intenta contener los daños del escándalo de dioxinas en piensos para animales, asegurando que no hay riesgo para la salud de las personas y que las exportaciones de su carne son seguras, arrecian en el país las críticas hacia su gestión de la crisis y, sobre todo, por la falta de control previo.
Según Thilo Bode, presidente de la organización de consumidores Foodwatch, "para no poner en peligro las exportaciones de la industria cárnica alemana, el Gobierno federal no tiene ningún interés en endurecer los controles sobre la industria alimentaria".
Bode se quejaba ayer de la ausencia de controles en las 1.700 empresas dedicadas a producir y distribuir piensos para animales y exigió a la industria alimentaria que someta a análisis por separado a todos los componentes que se usan para fabricar alimentos y que se informe a las autoridades en caso de tasas elevadas de dioxinas. En este caso, la empresa culpable de la contaminación, Harles & Jentzsch, no había informado de las incidencias en dos ocasiones, el año pasado.
Este defensor de los consumidores añadió que muchas de las cosas que antes acababan en una incineradora ahora terminan en la industria alimentaria.
