Cuatro familias de Jerez de la Frontera (Cádiz) en proceso de desahucio han sido las primeras en solicitar acogerse al decreto de Función Social de la Vivienda, que amparará a la Junta de Andalucía para expropiar temporalmente las viviendas al banco que les embarga y mantener a las familias en ellas durante tres años. El decreto ley ha entrado en vigor este viernes, y los cálculos de la Administración regional apuntan a que más de un centenar de familias en situación extrema en toda la comunidad podrían beneficiarse del mismo.
Una de las familias fue desahuciada el pasado miércoles, otras dos tienen orden de embargo y una cuarta consiguió paralizar el pasado lunes el desahucio. Este último es el caso de Dolores Bermejo, separada y en paro que vive con su hija de 12 años y que con su sueldo de 400 euros no puede hacer frente a los 600 euros de hipoteca. Según ha explicado a las puertas de la oficina contra los Desahucios en Cádiz, Bermejo se siente respaldada por la Administración y con esperanzas para “poder estar tres años más en mi casa sin tener que dejarla, buscando trabajo, eso es lo más grande”.
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La consejera de Vivienda Elena Cortes ha explicado que con estas solicitudes “se hace carne y hueso” el decreto sobre función social de la Vivienda, que entra hoy en vigor tras ser publicado este jueves en el BOJA. A cambio, deberán pagar durante ese tiempo una cantidad que ni supere el 25% de sus ingresos a la administración.
Aunque más de 200 familias de las que han acudido a las oficinas repartidas por toda Andalucía se encuentran ya en situación extrema, y por tanto serían susceptibles de acogerse al decreto para que puedan mantener su vivienda al menos los próximos tres años, fuentes de la plataforma contra los desahucios señalan que solo en Cádiz podría haber otras 130 familias pendientes de un alzamiento, con lo que las cifras totales podrían multiplicarse.
Mientras, el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que el Gobierno central “no contempla” ni ha debatido la posibilidad de recurrir esta norma, que desde la Junta insisten en que tiene su andamiaje jurídico en la Constitución y el Estatuto autonómico. Zoido ha explicado no obstante que su partido intentará “mejorar” con enmiendas en el Parlamento andaluz el contenido del nuevo decreto.
