Veintiocho personas han sido detenidas como presuntas integrantes de un grupo dedicado a la adquisición fraudulenta de vehículos mediante falsificación de documentación, que actuaba en poblaciones de Alicante, Murcia y Madrid y al que se imputa un presunto fraude de 2 millones de euros. La operación ha sido desarrollada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Elche, con la colaboración de diversas Comisarías de las citadas provincias, indicaron fuentes policiales en un comunicado.
De los detenidos, todos ellos de nacionalidad española, uno fue arrestado en Elche, otros cinco en distintas localidades de la comarca alicantina de la Vega Baja, y el resto en diferentes ciudades y provincias del territorio español, que no fueron concretadas por las citadas fuentes. Al parecer, los ahora arrestados, que supuestamente adquirieron 50 vehículos, captaban a personas drogodependientes o con cierto grado de minusvalía psíquica, para adquirir los vehículos o contratar créditos personales o líneas telefónicas, cuyos verdaderos beneficiarios eran otros componentes de la organización.
A esas personas se les facilitaba documentación falsificada a partir de documentos robados para lograr financiación bancaria -en el caso de la adquisición de vehículos y los créditos-, como nóminas de diversos organismos públicos y empresas privadas, declaraciones de la renta, contratos de trabajo y fe de vida laboral. La investigación que concluyó con la desarticulación del grupo se inició en marzo tras la detención en Elche de S.S.F, de 34 años, quien se hizo pasar por funcionario de la Policía Nacional y utilizó nóminas falsas para comprar al menos seis vehículos en distintos concesionarios de Elche e intentar la adquisición de otros cuatro.
Tras ser detenido, S.S.F., quien padece un cierto grado de discapacidad psíquica y en un primer momento llegó a identificarse como policía, reconoció que le habían facilitado la citada documentación para adquirir los turismos y que a cambio le entregaban "una determinada cantidad de dinero y droga para su consumo". Posteriormente, los agentes lograron identificar a varios de los individuos que suministraban a S.S.F la documentación falsa, quienes residían en localidades de la provincia de Alicante, Murcia y la Comunidad de Madrid.
Además, comprobaron que los vehículos adquiridos habían sido traspasados a varias personas residentes en ciudades limítrofes de Madrid, casi todas con numerosos antecedentes policiales y quienes los vendían a "compradores de buena fe". Del mismo modo, los agentes constataron que estas personas habían recibido en los últimos meses una transferencia de numerosos vehículos de reciente matriculación procedentes de Alicante, Málaga y Madrid.
Según las investigaciones que se prolongaron durante cuatro meses, el grupo desarticulado habría adquirido de forma fraudulenta al menos 50 vehículos, de los cuales sólo se han recuperado cuatro hasta el momento, y el montante económico total del fraude que se le imputa se estima en dos millones de euros.
