Los afectados por la hipoteca han visto en el año que se acerca a su fin las dos caras de la moneda. Han ganado la batalla de la opinión pública --ya nadie los califica en bloque de manirrotos e irresponsables--, han logrado que el Gobierno se pronuncie sobre la tragedia hipotecaria y han obtenido victorias legales en Europa sin precedentes. Sin embargo, su situación no ha mejorado significativamente. Sobre todo, por lo cicatero que ha sido el Ejecutivo central en la aplicación de la sentencia de la Unión Europea que declaró ilegal el sistema de desalojos español a causa de la existencia de cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios.
Los cinco meses de aplicación de la nueva ley hipotecaria han demostrado que no resuelve el bloqueo económico que viven decenas de miles de personas y que está sembrada de minas que los abogados de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca intentan desactivar. Ya que el Gobierno no acompaña, los juristas miran de reojo a los jueces, con la esperanza de que se erijan en guardianes del sentido común. Pero el caso es que los desalojos no se detienen, apenas se reducen, y que no hay menos afectados, aunque sí distintos.
La portavoz de la PAH, Ada Colau, muestra satisfacción e inquietud. "Ha habido un punto de inflexión en cuanto a la opinión pública, esta batalla se ha ganado. Pero ahora el reto es el crecimiento". Ya son 200 las plataformas locales de afectados, que ahora, dice Colau, han dado un paso adelante en su relación con los bancos. Ya no solo ocupan una agencia. "Hemos ganado capacidad de negociación con los bancos. Tenemos contacto directo con personas que pueden pactar una dación".
NUEVOS AFECTADOS "Sigue viniendo el mismo número de gente a la reunión semanal de la PAH", dice Colau, en alusión al encuentro que el colectivo hacía cada viernes y que desde hace unas semanas tiene lugar los lunes. Reuniones a las que van llegando personas con su tragedia hipotecaria a cuestas. "Pero ahora vienen más autóctonos, gente de clase media". Gente que llevaba más años pagando, que han tardado más en caer porque disponían de red familiar, de una mayor estabilidad que los que trabajaban en la obra. Gente que ya no está tan claramente asociada a la burbuja inmobiliaria. Hay otro colectivo concreto en dificultad: los refinanciados. Aquellos que un buen día, cuando la cuerda se les apretaba al cuello y veían venir la ruina, recibieron la oferta del banco de renegociar las condiciones para superar el primer escollo. Al final han caído igual: tan solo han aplazado la catástrofe, subraya Colau.
PENDIENTES DEL BLOQUE DE SALT Ella no se lo cree: "La crisis no se ha acabado". La PAH se fija retos de futuro. Uno es profundizar en su obra social: 15 edificios (13 en Cataluña, uno en Madrid y otro en Valencia) en los que se intenta realojar a un colectivo que sufre especialmente, aunque parezca una paradoja. Son los que han logrado la dación en pago negociándola, antes de ser desahuciados, lo que los deja fuera de la ayuda de los servicios sociales, lamenta la portavoz, aunque de facto sí sean desalojados. El más conocido de los activos es ahora el bloque de Salt, desde que el Tribunal de Estrasburgo paralizó días atrás cautelarmente su desalojo, situación que debe resolverse mañana.
Verónica Dávalos es abogada de la comisión jurídica de la PAH. Lleva en la cabeza la ley hipotecaria y desgrana las principales minas de la nueva. Para empezar, el hecho de que todo ciudadano que ya haya sido desahuciado no pueda acogerse a la ley, como señala la disposición transitoria primera. Eso supone que en el caso que llevó a la sentencia de la UE, el de Mohamed Aziz, no es de aplicación la norma que la UE ha forzado. Pero no es el único problema. La ley española, vigente desde el 15 de mayo, fijó en la disposición transitoria cuarta un plazo de un mes para denunciar cláusulas abusivas, es decir, que más allá del 15 de junio ya no había opción de hacerlo.
También quedó establecido que con la publicación de la ley en el BOE "la publicidad de la presente disposición tendrá el carácter de comunicación plena y válida a los efectos de notificación". Una operación redonda para limitar las denuncias y su efecto de la que los abogados abominan y que parte de la convicción de que solo hay que poner unas cuantas cosas en orden, y que en adelante todas las hipotecas nacerán limpias de pecado. No es así, dice Dávalos, que asegura que en nuevos contratos hay intereses tan altos que equivalen a las antiguas cláusulas suelo.
Uno de los casos más llamativos es el de la subasta de viviendas perdidas por impago. El Gobierno elevó del 60% al 70% de la tasación el mínimo que debía pagar un banco para adquirir el piso si la subasta quedaba desierta. Pero bajó del 20% al 5% lo que tiene que pagar un segundo postor por participar. Al final, ese postor, en muchos casos sociedades vinculadas con el banco, ofrece lo mínimo posible, el equivalente de la deuda. Y el banco no puja. Así se paga un precio menor y se esquiva una consecuencia de que se desaloje ahora a quienes pagaron durante más tiempo. Lógicamente, deben menos. Si el banco pagara el 70% del valor de tasación, en muchos casos superaría la deuda y tendría que devolver dinero al cliente. Y esa es una práctica que no se estila.
