Inmaculada Echevarría, postrada en una cama a causa de la distrofia muscular que padece, tiene la última palabra para decidir cuándo le será retirado el respirador que la mantiene con vida. Tras recibir el miércoles el respaldo del Consejo Consultivo de Andalucía, la enferma conoció ayer que la Junta garantizará el cumplimiento de su solicitud. Su equipo médico recibirá en breve los dictámenes del comité ético y del consejo consultivo para determinar las condiciones en las que se hará la desconexión.
Echevarría, de 51 años, está "muy contenta, nerviosa y deseando que todo esto acabe pronto", explicó ayer su abogado, Ignacio Fernández. La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, no obstante, eludió hablar de la fecha en que se llevará a cabo la desconexión y reclamó "respeto a la intimidad y a la confidencialidad de la relación entre médico y paciente". También destacó que el dictamen "pone las cosas en su sitio" al determinar que no es un caso de eutanasia.
Los responsables del hospital en el que Echevarría está ingresada, gestionado por una orden religiosa, estudiarán hoy los informes jurídicos. Si alegan objeción de conciencia, la Junta adoptará medidas para garantizar que se para respetar la voluntad de la enferma.
Los obispos no tardaron, por su parte, en responder y aseguraron ayer modo de respuesta a la Junta que la vida humana "no puede ser eliminada ni por acción ni por omisión. Es un principio ético fundamental".
