Es un delito nuevo, transfronterizo, cambiante como la misma tecnología y al que la falta de cooperación entre países, por la diferente legislación de cada uno, da alas a su principal característica: la ubicuidad de los delincuentes. Desde China, Rusia o la India, los ciberladrones aprovechan el auge de los teléfonos inteligentes para llevar a cabo fraudes contra los usuarios a través de códigos malignos (más conocidos como virus o malware) escondidos en las aplicaciones. Abogados y fiscales admiten la dificultad para hacer frente a este fenómeno.
La suscripción a mensajes SMS de tarifación especial, que comportan un alto coste en la factura de los usuarios, es una de les principales estafas en smartphones causadas por los virus, pero el abanico de infecciones es amplio: además de cobrar al usuario por un servicio inexistente, tienen el objetivo de robar datos personales. También provocan el envío de correos electrónicos spam o el recibo de e-mails con suculentos enlaces con la intención de sonsacar información o de contagiar el dispositivo. Todo ello, a espaldas del usuario y con una finalidad lucrativa. Los ordenadores eran la predilección de los cibercriminales, pero el auge de los teléfonos inteligentes convierte a estos últimos en un blanco perfecto. Muchas suscripciones premium son una imprudencia del usuario, que se registra a un servicio sin saber que le cobrarán por otro.
Para combatir estas actividades, cada policía tiene una unidad de delitos informáticos. La fiscalía también posee un departamento especializado, pero las denuncias por fraude en teléfonos inteligentes son escasas. "Este tema no nos ha cogido desprevenidos, sino que lo tipificamos como un delito informático porque un smartphone no deja de ser un ordenador de bolsillo", explica el fiscal de delitos informáticos de Barcelona, Roberto Valverde, que informa de que no tiene ningún procedimiento abierto. Confirma, sin embargo, el "disparado" auge de los códigos malignos en los móviles.
Sobre la falta de denuncias, el abogado Oscar Morales, del bufete Uría Menéndez, señala que los afectados no están dispuestos a enzarzarse en un proceso judicial por pequeñas cantidades económicas, el principal botín de los SMS premium.
La dificultad para atrapar a los cibercriminales radica en que el dinero y la información sustraídos se suelen enviar a países extranjeros. Los abogados confiesan que seguirles el rastro es muy complejo. "Y si se consigue, es complicado identificar al responsable porque el delito se produce a través de ordenadores", asegura Morales. Valverde, por su parte, destaca "la complejidad a nivel legislativo" que comporta investigarlos si traspasan las fronteras de España porque las leyes de los otros países pueden ser diferentes.
Un malware que altere el uso de un teléfono no tiene por qué estar penado: debe haber una infracción penal. "No importa cómo se haga la estafa", dice Morales. Pero si se produce, el Código Penal es conciso: es un delito porque se accede a datos con una finalidad lucrativa en contra de la voluntad del usuario y puede castigarse con prisión.
Se produzca o no un fraude, el robo de datos comporta la vulneración del derecho fundamental a la intimidad. Además, la reforma del Código Penal es más estricta con la actividad informática: "Considera delito acceder a un ordenador aunque solo sea una intrusión y los datos no sean revelados públicamente o a terceros", recuerda Valverde. "La legislación se ha modernizado", dice el fiscal, pero aún así reclama la aplicación de la ley de enjuiciamiento criminal que, según él, "está en el tintero".
