Francisco Manzanas, un ministro evangélico octogenario jubilado desde hace más de 20 años, predicador durante 30 en la parroquia de Cristo del barrio de Campoamor, en Alicante, puso ayer el broche a la odisea judicial que emprendió hace una década para que el Estado español reconociera su derecho a una pensión en las mismas condiciones que sus colegas católicos. Después de sentenciar, hace un año, que Manzanas había sido objeto de un trato discriminatorio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos divulgó el fallo que contiene el visto bueno al acuerdo alcanzado estos meses entre las partes. Y no menos significativo: que confirma al viejo pastor como el hombre que puso en evidencia dicho trato y abrió la veda para eliminarlo.
El acuerdo establece que Manzanas cobrará cerca de 48.000 euros por atrasos en el pago de su pensión desde septiembre del 2007 hasta junio del año pasado, y a partir de entonces, 763,30 euros cada mes. La salud del ministro es delicada, y ayer por la tarde aún no sabía la noticia, pero David, su hijo y portavoz, heredero de su ministerio, dice que estaba impaciente por conocer el fallo. "Hace meses llegamos al acuerdo, y preguntaba por qué desde entonces no había noticias". El anhelo de que la sentencia sirva de antecedente y beneficie al resto de pastores jubilados, evangélicos o no, que no cobran como los católicos, uno de los motores de la denuncia original. Sin embargo, no parece que se vaya a hacer extensivo a todos.
