El fiscal de Barcelona Miguel Ángel Aguilar propone que el Gobierno regule sanciones a las empresas extranjeras que gestionan redes sociales si no colaboran con la justicia española para determinar el autor de un delito de odio y discriminación que actúa desde España. Este es uno de los principales problemas con el que se encuentran los investigadores, pues la mayoría de las compañías que se dedican a esta actividad tienen su sede central en EEUU y no suelen facilitar datos para averiguar quién está detrás de perfiles que, aprovechándose del anonimato de internet, lanzan soflamas delictivas contra colectivos.

Las comisiones rogatorias remitidas por la justicia española a EEUU para que las autoridades de este país recaben en las empresas la información necesaria para perseguir el delito no suelen tener éxito. Desde el país norteamericano se esgrime que lo que aquí se puede considerar discurso de odio está amparado por la libertad de expresión de la primera enmienda de la Constitución. Y se deniega la solicitud.

SIN CASTIGO / Esta situación provoca que delitos de odio y discriminación cometidos a través de las redes sociales (se puede extender a otras infracciones penales en internet) queden impunes por la imposibilidad de identificar quién está detrás de ellos.

Por esta razón, el fiscal contra los delitos de odio y discriminación de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, propone que se regulen las infracciones y las sanciones que podrían imponerse a las empresas que no colaboren con la persecución de esta tipología delictiva.

En Alemania ya se prevén multas para las redes que no ofrezcan los datos solicitados por las autoridades.

Entre las propuestas legislativas de este fiscal, pionero en la lucha contra los delitos de odio, está la creación de una ley de igualdad de trato, para poder contar con una herramienta eficaz para perseguir las conductas discriminatorias o de odio que no sean delictivas, pero que no deben quedar impunes, como los insultos racistas puntuales. Estos solo son sancionados por algunas ordenanzas municipales. En definitiva, sería profundizar en el combate contra el microrracismo o la microhomofobia.