Siete años después, la fiscalía ha solicitado la reapertura de la investigación judicial sobre el accidente de metro ocurrido el 3 de julio del 2006 en Valencia, al considerar que hay "datos y hechos nuevos" que no se valoraron en la primera instrucción y que podrían ser constitutivos de "43 delitos de homicidio y 47 delitos de lesiones por imprudencia profesional", tantos como muertos y heridos se cobró el accidente del convoy.

En un escrito presentado ayer ante el juzgado de instrucción número 21 de Valencia --que en marzo del 2007 archivó las diligencias al considerar que la causa del descarrilamiento había sido la velocidad excesiva del tren, y achacar la responsabilidad penal al conductor, fallecido en el accidente--, el ministerio público pide dejar "sin efecto" el auto de archivo de las diligencias. Según la fiscalía, los hechos objeto de investigación pueden ser constitutivos de delitos que no habrían prescrito "en atención a las penas que llevan aparejadas". Entre los datos que no se incluyeron en la primera instrucción están los informes técnicos sobre el estado real de los trenes, el libro de averías del convoy y los accidentes anteriores de la unidad siniestrada.

La asociación de víctimas se mostró satisfecha con la posible reapertura de la investigación. Su presidenta, Beatriz Garrote, confía en que "por fin se aborde una instrucción judicial en profundidad", ya que, a su juicio, en la anterior, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) "negó y ocultó la posibilidad de que se evaluase información muy valiosa".

DILIGENCIAS ARCHIVADAS En los últimos meses, la fiscalía ha analizado dos denuncias interpuestas por los socialistas valencianos y la asociación cívica Cercle Obert a raíz de la emisión del programa Salvados , en la que se afirmaba que los trabajadores de FGV recibieron instrucciones para declarar en la comisión de investigación de las Cortes Valencianas.