Los obispos seguirán dando el plácet a los profesores de Religión, pero el Estado fijará los requisitos de contratación y, lo que es más importante, de despido o cese de relación laboral, observando todas las garantías del Estatuto de los Trabajadores. Así lo establece la propuesta formulada ayer por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) a la Conferencia Episcopal Española (CEE), durante una reunión en la que participaron sus principales responsables y en la que, según ambas partes, se produjeron "avances significativos".

Ahora, cada prelado puede seleccionar a los docentes, que cobran de las administraciones, y retirarles su condición de docente de Religión sin motivación oficial, lo que ya ha ocasionado numerosas sentencias contra la administración educativa y 1,8 millones en pago de indemnizaciones por despidos nulos o improcedentes y por daños morales. Las condenas, a la Administración y al episcopado, se han producido por despidos sin causa o justificados en que un docente se casó por lo civil, participó en huelgas o se destacó como militante en partidos de izquierda.

En un intento de encontrar puntos de convergencia y acabar con este largo conflicto, el Ejecutivo propone que estos docentes precisen, además de la autorización obispal, ser diplomados o licenciados, un certificado de especialista en la materia y pasar una prueba para impartir la asignatura que en ningún caso tendrá carácter de oposición ni dará plaza en propiedad.

Los concursos serán convocados por las CCAA. Cuando cese la relación laboral, no podrán continuar como profesores de otras materias. El sistema extendería a docentes de otras religiones.