Allí estaba el demandado, un programador de herramientas de intercambio de archivos, y allí estaba el demandante, la industria discográfica, pero lo que se discutió en el juicio poco tuvo que ver con la demanda. A Pablo Soto, el programador, se le acusa de armar con sus aplicaciones a los piratas de la red: la Asociación de Productores de Música de España (Promusicae), junto a las multinacionales Warner, Universal, Emi y Sony, le reclaman 13 millones de euros por daños y perjuicios.

Era de esperar, por tanto, que el proceso versara sobre esos supuestos efectos negativos que los programas de Soto --Blubster, Piolet y MP2P-- le han causado a las casas de discos. En cambio, dentro de la sala del Juzgado de lo Mercantil número cuatro de Madrid, en las dos sesiones de la vista oral, que concluyó ayer, se habló de cosas más abstractas y metajurídicas. ¿Obedece la crisis de la industria musical a la generalización de las descargas? ¿Ganan más los músicos por los conciertos o por los discos que venden? ¿Son justos los contratos de las discográficas? Y así. "Más allá de sus diferencias abismales sobre la música, céntrense en lo que interesa", dijo el juez a los abogados de ambas partes.

Falta la sentencia, pero la batalla de la imagen tiene ganador: Soto. Allí han estado las todopoderosas discográficas frente a un tipo de poco más de 30 años que se presenta como un creyente de la "cultura libre" al que le piden 13 millones de euros; un joven que habla poco y que, cuando lo hace, lo hace bien. "No soy ni cabeza de turco ni el héroe de las descargas ilegales", asegura.