El Ministerio de Medio Ambiente hará público en los próximos días el deslinde del litoral del Parque Nacional de Doñana (Huelva), un tramite previsto en ley de costas que, en este caso, ayudará a reforzar la protección de este espacio natural. La declaración del dominio público marítimo-terrestre es un trámite previsto en la ley de 1988, que ya está prácticamente completado en la mayoría de litoral español. La novedad de la delimitación de Doñana es la afectación que tendrá sobre la protección del entorno, ya que el Ministerio tiene previsto declarar de dominio público más de 9.000 hectáreas del parque, debido a que en algunos puntos la línea que dibujará el Ministerio se adentrará hasta 4,8 kilómetros en la costa al considerar que todo el cordón de dunas que bordea esta zona es un sistema único necesario para mantener la playa, según informó ayer el diario El País. La decisión de Medio Ambiente, que se publicará en los próximos días en el BOE, recibió ayer un aplauso entusiasta de las asociaciones ecologistas, porque consideran que, por primera vez, se concibe el espacio natural de Doñana como un "ecosistema único" e indivisible.
Juan Romero, portavoz de Ecologistas en Acción, sugirió que estos criterios deberían aplicarse en otras partes del litoral para "frenar barbaridades" y para que los ayuntamientos entiendan que la protección de la costa es "una garantía de futuro". El deslinde se produce cuando el consistorio de Almonte (Huelva), que incluye el parque en su término municipal, ha reabierto el debate para instaurar una especie de taxis todoterreno que, a través de la playa, enlacen con Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), situado a apenas 34 kilómetros de distancia, en el otro extremo del parque. Una alternativa largamente acariciada para mejorar la comunicación de ambas provincias y atraer el turismo.
Tanto Romero como Eva Hernández, de WWF Adena, consideran que las nuevas lindes no tendrán repercusión en esta proyecto municipal, dado que sigue siendo Costas quien debe autorizar el paso de vehículos por Doñana. Pero Romero sí considera que ahora el parque será más invulnerable, porque la administración regional, "por su cercanía, podría acabar cediendo a las presiones de ambos municipios" e interceder ante Medio Ambiente.
Aunque comparten la voluntad proteccionista de Medio Ambiente, no han faltado voces contrarias a la forma en que se ha realizado el deslinde. Es el caso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o de la propia Junta de Andalucía. El más crítico ha sido el director de la Estación Biológica de Doñana (dependiente del CSIC), Fernando Hiraldo, que lamentó las "excesivas prisas" de Costas por aprobar un delimitación de forma parcial (ya que aún hay que realizar este proceso en la zona interior del parque y en el cauce del Guadalquivir hasta Sevilla), y que se dejen fuera unos arrozales de propiedad privada que se incluían en los estudios en los que se apoya la decisión del Ministerio.
La Junta ha coincidido que la decisión del Ministerio no le despoja de competencias, pero ha destacado que "discrepa formalmente" de los términos del deslinde, que incluyen todo el espacio de dunas. La administración andaluza propone una franja alternativa, más estrecha, que acabaría en el primer cordón de dunas y que remontaría por el estuario del río, una zona que Costas deja para una segunda fase.
