El Congreso aprobó ayer por unanimidad de todas las fuerzas políticas la ley que regula la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica. A partir de los primeros días de agosto, tras la publicación de nuevo texto legal en el BOE, las mujeres maltratadas podrán pedir protección directa desde la primera agresión que sufran y los agresores pueden ser alejados de las víctimas o enviados a la cárcel.
Todos los partidos destacaron ayer el consenso con que nace el plan. El ministro de Justicia, José María Michavila, se mostró dispuesto a mantenerlo para elaborar otras leyes complementarias que ayuden a garantizar aún más la seguridad de las víctimas.
La orden puede ser solicitada por la propia víctima, por las asociaciones que la protejan o por el ministerio fiscal. También la puede activar el juez de guardia por iniciativa propia tras escuchar por separado a las partes y entender que existen indicios fundados de un delito o falta contra la vida, la integridad física o moral, la libertad sexual o la seguridad de las víctimas.
La orden se inscribe en el marco de un registro nacional para las protección de víctimas de la violencia doméstica y activa las prestaciones sociales que pueden otorgar las diversas administraciones. Los grupos de CiU y PNV reclamaron sin éxito que se cambie el nombre del registro y pase a llamarse estatal, en lugar de nacional, en reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado.
