Unos 80 militares de toda España han iniciado un proceso judicial para reclamar que sus pensiones no tengan limitaciones, así como que no haya discriminaciones con los pensionistas de actos terroristas, según ha explicado a Efe fuentes del bufete sevillano Osuna, que los representa.
Los afectados proceden de Huelva, Alicante, Asturias, Badajoz, Cádiz, Cantabria, La Coruña, Granada, Jaén, León, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla y Zaragoza, y según el letrado del bufete, Fernando Osuna, "entienden que se han vulnerado sus derechos al limitarse el tope de sus pensiones".
El problema que plantean es exclusivamente referido a las pensiones extraordinarias de retiro o jubilación, ya que "consideran que son servidores del Estado que padecen una incapacitación acaecida en acto de servicio o como consecuencia del mismo".
"Por la propia peculiaridad intrínseca de la profesión son más vulnerables a sufrir accidentes o atentados terroristas, y no es justo que sus derechos están siendo restringidos por los poderes públicos, dando lugar al agravio comparativo respecto a sus propios compañeros en circunstancias similares", según Osuna.
Las pensiones en cuestión están reguladas en un Real Decreto que detalla que "dará origen a pensión extraordinaria de jubilación o retiro la incapacidad permanente para el servicio o inutilidad del personal (...) siempre que la misma se produzca, sea por accidente o enfermedad, en acto de servicio o como consecuencia del mismo".
Actualmente, el límite de pensiones se calcula en función de una ley de 1984, que las fija en 1.129 euros mensuales en catorce pagas, "pero los militares, policías y guardias civiles consideran que no había justificación para dicho límite, que se estableció sin una base que lo fundamentase, y que fue una medida provisional que se sigue manteniendo".
