Entre los múltiples rompecabezas que tiene sobre la mesa el papa Francisco, el Vaticano ha de ultimar en breve --antes del 4 de julio-- un informe dirigido a Moneyval, el organismo del Consejo de Europa dedicado a la lucha contra el blanqueo de capitales, que ha de decidir si la milenaria institución religiosa ha hecho lo que se le pide para poder ser excluida sin reservas de las listas de paraísos fiscales.
Un trabajo difícil que requerirá destreza, como atestiguan las crecientes voces, dentro y fuera de la Iglesia, que apuntan que el Papa está trabajando contrarreloj para reformar el sistema financiero de la Santa Sede. Entre las posibilidades no se excluye de entrada la clausura del banco del Vaticano, el controvertido Instituto para las Obras de Religión (IOR), aunque la reestructuración es una opción más probable que el cierre.
"Creo que el Papa cerrará el IOR", llegó a decir el exportavoz de Bergoglio en Buenos Aires, el 3 de abril en una entrevista que luego intentó minimizar. En el trasfondo hay una investigación de la fiscalía de Roma y el Banco de Italia que hace tres años puso al IOR bajo sospecha de lavado de capitales espurios.
El veterano vaticanólogo italiano Marco Politi destaca la complejidad de alcanzar un doble objetivo: "Conciliar los intereses de la Iglesia con el respeto a las leyes internacionales, y de paso ahorrarse escándalos".
