Las movilizaciones convocadas en 10 comunidades contra los recortes educativos tuvieron ayer un seguimiento importante sobre todo en Madrid, donde muchos niños se quedaron sin clase por la ausencia de profesores. Los sindicatos calcularon en un 80% el seguimiento por parte de los 21.000 profesores de secundaria convocados, que atienden a 230.000 alumnos. La Comunidad de Madrid rebajó la participación al 43% y su presidenta, Esperanza Aguirre, siguió situándose en el centro de la polémica. Después de que el lunes dijera que "la educación no tiene que ser obligatoria y gratuita en todas las fases", ayer afirmó que no le "chocaría" que la huelga estuviese alentada por el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.

La protesta en Madrid fue especialmente ruidosa --pitos, gritos, cacerolas, y abucheos-- a la llegada de Aguirre al Colegio Fernando el Santo, donde se celebró la inauguración oficial del curso con la presencia de la reina Sofía y el ministro de Educación, Angel Gabilondo. En medio de gritos como Esperanza dimisión o Esperanza se carga la enseñanza, Aguirre optó por acceder al centro por la puerta trasera, aunque el ardid no le sirvió para huir de los docentes, que también se concentraron allí.

REPROCHE

En el acto oficial, Aguirre elogió la "entrega vocacional" de los profesores y subrayó que el respeto a su autoridad constituye uno de los pilares de su política educativa. Gabilondo defendió la educación por encima de los recortes: "Debemos tener la lucidez y las convicciones para diseñar las estrategias de ajuste y de contención del gasto respetando unas prioridades. Y la educación debe ser una de ellas". La Reina pidió a los alumnos que sean "respetuosos y afectuosos" con sus maestros y profesores.

"La convocatoria ha sido un éxito", resumieron los cinco sindicatos de la enseñanza CCOO, ANPE, CSI-F, UGT y STEM, convocantes de la huelga, que continuará hoy, y de la manifestación celebrada ayer por la tarde en el centro de Madrid, en la que participaron miles de personas.

La consejera de educación de Madrid, Lucía Figar, y sus homólogos de otras comunidades afectadas por el conflicto insistieron ayer en que aumentar las horas lectivas no supone una degradación de la calidad de la enseñanza. Pero los sindicatos insisten en que las medidas de ahorro aumentan la ratio de alumnos por profesor, que algunos docentes deben impartir materias que no son de su especialidad y que los alumnos con necesidades especiales se ven perjudicados. Este hecho, unido a que no se han cubierto con oposiciones todas las plazas de docentes que se han jubilado, suponen un recorte de unos 2.000 millones de euros y la destrucción de puestos de interinos de entre 12.000 y 15.000 plazas en la enseñanza obligatoria en toda España.