Un debate acapara la atención de los uruguayos, el de los candidatos que competirán en las presidenciales del día 27. Pero a la par flota otra polémica intensa, la que tiene que ver con el caso María. Casi todos parecen saber de qué se trata desde mucho antes de que el consulado de ese país en Barcelona, a 10.300 kilómetros, se negara ayer por la mañana a entregar a la menor cuya madre estaba obligada por parte de la justicia española a dejarla en custodia del padre. Los diarios, las radios y las cadenas de televisión se ocupan de un tema que va más allá de los argumentos expuestos por el Ministerio de Exteriores sobre la inviolabilidad de sus dependencias. Hace dos años que la opinión pública y la publicada se han fijado en el pleito familiar.

Lo que ahora se llama caso María se conoció como María no se va (de Montevideo). Se recuerdan en ese sentido la manifestación de las activistas feministas Mujeres de Negro en defensa de la madre y la respuesta del padre al diario montevideano El Observador: «Me duele que le den tanta importancia a gente que desinforma». Los medios siguen las instancias de una batalla legal que ha incluido la declaración de inocencia del padre por un tribunal de Lérida y que tiene su punto más álgido en la reciente sentencia en Cataluña y la respuesta del consulado.

Enfado

El enojo con la justicia española es fuerte. No ha gustado que se desprecien los informes periciales que abonan las tesis de la madre de que su excónyuge abusó de la menor. La Intersocial Feminista expresó su «profunda indignación y preocupación» ante el dictamen que favoreció al padre. El colectivo puso en duda que en España existan condiciones para un proceso justo cuando «está siendo investigada por la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea por su falta de garantías en procesos que implican abusos sexuales a menores».

La Intersocial Feminista también criticó a la justicia uruguaya por no haber cumplido su tarea «como merecía» frente a «una niña víctima de abuso». A partir de ese momento, se ha convertido a la menor en «victimaria» y se la ha sometido a un «riesgo», al rechazarse «todas las pruebas» de maltrato presentadas por su abogado, los informes enviados desde Montevideo y la misma comparecencia del cónsul uruguayo en Barcelona, «quien acompaña a las dos desde el momento en que llegaron a España». Andrea Tuana, una de las líderes de esa agrupación, calificó a su vez de «salvajada» el paso dado por la justicia española al descartar los peritajes uruguayos.

Jorge Chediak estuvo a cargo del caso cuando integraba el Supremo uruguayo, cuyo fallo determinó que la niña debía vivir con el padre. Entonces, añadió, la justicia no encontró «prueba fehaciente de abuso» sexual. «No está demostrado ningún tipo de abuso, ni físico ni psicológico», subrayó.